Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Torrevieja

Educación sostiene a la dirección de la Escuela de Adultos pese a investigar graves deficiencias

Profesores denunciaron el cobro de hasta 80.000 euros en matrículas para enseñanzas gratuitas

Sostienen a la dirección de la Escuela de Adultos pese a investigar graves deficiencias

La Conselleria de Educación ha decidido mantener a la dirección la Escuela de Adultos de Torrevieja pese a admitir, en la apertura del expediente disciplinario contra la dirección del centro, graves deficiencias en la gestión, denunciadas por profesores y alumnos e investigadas desde enero de 2016 por un juzgado de la ciudad.

El departamento Vicent Marzà ha justificado su decisión en el hecho de que el asunto está judicializado y que se aplicarán las sanciones administrativas cuando culminen esas diligencias, que dada la situación de los juzgados de Torrevieja, puede dilatarse tres años. Acción judicial que los docentes emprendieron precisamente para esclarecer los hechos y que la Generalitat tomara medidas cautelares inmediatas.

En ese procedimiento judicial aparecen como investigados (imputados) el director y el profesor municipal y han acudido a declarar docentes y alumnos del centro, que cuenta con más de 500 matriculados. Aunque el centro depende exclusivamente de la Generalitat todavía cuenta con personal municipal, derivado de su administración local anterior. De hecho, el Ayuntamiento se ha personado en el procedimiento judicial.

Fue el propio director el que informó a los miembros del claustro que le habían abierto un expediente disciplinario en relación a esas denuncias.

Los cinco puntos en los que se basa el expediente, en caso de ser probados, constituirían faltas muy graves en la Ley de Gestión de la Función Publica Valenciana y en el Real Decreto del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios del Estado. Entre otras supuestas irregularidades aparece la ausencia de supervisión en el funcionamiento y en la gestión económica de la asociación de alumnos del centro -la dirección aseguraba que no era de su competencia cuando estaba dirigida por profesores-. Según el mismo expediente la dirección «consistió» la elaboración por parte de la asociación de alumnos de dossieres fotocopiados con contenidos de diferentes asignaturas de las que se imparten en la escuela para su posterior venta como libros de texto del centro; y permitió la aportación de cuotas de la asociación de alumnos coincidiendo con el proceso en el que el alumnado realizaba la formalización de la matrícula en el centro, sin supervisión del destino de las cantidades recaudadas pola asociación.

En la denuncia y en el expediente figura que se imponía supuestamente el cobro de cuotas de matrícula por los cursos de enseñanza no reglada impartidos en las instalaciones del centro por varios profesores, entre ellos el funcionario municipal una profesora supuestamente contratada por la asociación de alumnos (con sumas que superan los 80.000 euros en una década) o la explotación de una máquina expendedora de alimentos en el centro, gestionada por el profesor municipal, sin supervisar la legalidad de la instalación, ni el destino de las cantidades recaudadas. En abril del pasado año ocho de los diez profesores del centro reclamaron la dimisión del director. La mayoría ya no trabaja en la EPA. Los denunciantes con el apoyo del sindicato STEPV, recuerda que la administración tiene numerosas alternativas legales e indicios suficientes para determinar la suspensión de funciones del director, «y que serían las medidas coherentes con la transparencia, precaución e intolerancia ante la corrupción por las que dice regirse el actual gobierno de la Comunidad Valenciana». Tanto el inspector de educación que instruye el caso, José Valero; como el director General de Centros y Personal Docente Joaquín Carrión sólo consideran la suspensión de funciones del director si el consejo escolar de centro lo considera oportuno. El actual Consejo Escolar lo conforman ahora el propio director, el principal investigado junto con personal de su confianza.Defensor del Pueblo

La evidencia, para las mismas fuentes, de que todos los hechos denunciados eran supuestamente irregulares es que esas prácticas cesaron desde el momento en que se trasladaron al juzgado.

Los docentes denunciantes lamentan que «luchan contra el muro de la pasividad de la administración a la vez que se enfrentan también a la inactividad de la justicia» y anuncian que van a formular una queja ante el Consejo General del Poder Judicial y ante el Defensor del Pueblo por la supuesta «pasividad del juzgado número 1 de Torrevieja».

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats