Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Benferri

El juzgado tumba un recurso del PP por las liquidaciones de un plan de reparcelación

El auto considera que el portavoz Bernardo Mira no estaba legitimado para recurrir el acuerdo municipal

El juzgado de lo Contencioso de Elche ha desestimado el recurso presentado por el portavoz del Partido Popular de Benferri, Bernardo Mira, y el edil José Luis García, para que se revisaran las liquidaciones que se giraron por el Ayuntamiento a los propietarios del plan de reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 de Benferri. En julio de 2011 el equipo de gobierno que encabeza Luis Vicente Mateo (PSOE) rechazó esta petición y el portavoz de los populares acudió al juzgado que al cabo de cinco años le ha dicho que no esta legitimado para defender los derechos de terceros. Mira reclamaba al juzgado que declarara la nulidad de pleno derecho de todas las liquidaciones giradas en la cantidad en que hubieran superado el límite fijado en el proyecto de reparcelación. El Ayuntamiento se opuso a la petición no sólo porque consideraba que no estaba afectado y, por lo tanto, legitimado para presentar el recurso, sino porque el acuerdo municipal era conforme a derecho. En la resolución se explica que el recurrente no es titular de derecho o interés legítimo al no ser propietario de la parcela, y entiende que su condición de edil del PP tampoco le faculta para sostener la actuación judicial.

El alcalde Luis Vicente Mateo se pronunció sobre esta sentencia asegurando que «la justicia va situando a cada uno en su sitio. A estos dos representantes del Partido Popular de Benferri, el juzgado les expresa que no son titulares de derechos o intereses legítimos. Pero no debemos olvidar y así se debe manifestar, que aunque ellos no disponen de terrenos en la Unidad de Ejecución número 1, sus padres y algunos familiares sí figuran como titulares de terrenos».

El regidor también se pronunció sobre otro asunto: sus gastos de defensa jurídica y los del secretario, y dijo que «existen varios informes amparados en Derecho y en especial una del Supremo de fecha 4 de febrero de 2002, así como el dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat de 23 de julio de 2016» que avalan lo que él ha hecho, por lo que tiene la conciencia muy tranquila y espera que los juzgados también le den la razón.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats