El Ayuntamiento de Almoradí, presidido por el alcalde Jaime Pérez (PSOE), presentó ayer una denuncia en el juzgado de Orihuela para alertar a la Fiscalía Anticorrupción de que la exconcejala de Hacienda, María Gómez (actual portavoz del PP), autorizó durante más de dos años el pago de un sobresueldo mensual de 1.500 euros al secretario municipal en concepto de productividad. Ello a pesar de que mes tras mes, el departamento de Intervención emitía informes que advertían de que el abono de ese complemento salarial no estaba justificado legalmente. Según calcula el equipo de gobierno, el pago total superó los 45.000 euros y podría ser constitutivo de posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

El regidor compareció ayer acompañado del abogado Antonio Martínez Camacho, contratado por el Consistorio para este causa. El letrado explicó que esos pagos en concepto de productividad al anterior secretario, Virgilio Estremera, se estuvieron haciendo con carácter «igual, permanente y reiterado a lo largo de unos años» e iban «precedidos siempre de una proposición de pago por parte de la concejala de Hacienda, pero sin justificar legalmente el por qué se realizaba ese pago por productividad». En ese sentido dijo que el funcionario recibía un sueldo de 1.800 euros y otros 1.500 euros más por productividad.Advertencias

El letrado estimó que este asunto «no dejaría de tratarse de una cuestión administrativa si no fuera porque después de cada proposición (de pago), la Intervención municipal realizaba la advertencia correspondiente de la ilegalidad o posible ilegalidad de ese acuerdo». «La concejala reiteradamente cada mes recibía el informe de la Intervención en el que se le advertía de que no se podía pagar esto así, porque se tenía que justificar y decir por qué se pagaría ese plus de productividad. Parece que no se hacía en ningún caso y con carácter continuo supone que las arcas municipales han sufrido un quebranto». El letrado declinó que, tal y como señaló un día antes María Gómez, pudiera deberse a un error administrativo porque la Intervención municipal «estuvo dando cuenta de esa irregularidad y cada mes se volvía a proponer (el pago) en las mismas circunstancias y las mismas condiciones». El letrado señaló que el Ayuntamiento tiene constatado que ese hecho se ha venido repitiendo desde 2013 hasta 2015, si bien cree que «probablemente viniese de situaciones anteriores, que es lo que estamos tratando de descubrir para poner en conocimiento de la autoridad judicial».

A juicio del abogado, «esos pagos, técnicamente, constituyen un posible delito de malversación de fondos públicos por cuanto que sabiendo que era ilegal, o por lo menos había serias dudas en cuanto a su legalidad, se estaba pagando de las arcas municipales un complemento tan importante que hasta la fecha ha sido valorado en más de 45.000 euros». Además estimó que conlleva un posible delito de prevaricación administrativa, que según recordó es «dictar una resolución injusta a sabiendas». Antonio Martínez Camacho aseguró que desde 2009 existen sentencias del TSJ que dicen que «no se puede realizar ese pago por productividad todos los meses sin un argumento que explique en qué se basa esa productividad».