El alcalde de Almoradí, Jaime Pérez (PSOE), firmó un decreto el pasado viernes para iniciar acciones legales contra la portavoz del Partido Popular de la localidad, María Gómez, anterior edil de Hacienda, y el exsecretario del Ayuntamiento, Virgilio Estremera, porque «parte del sueldo del secretario municipal se pagaba con el informe en contra de la Interventora», según desveló ayer la propia portavoz popular. Se da la circunstancia de que el secretario al que se refiere el alcalde, hace años que ya no trabaja en Almoradí, pues actualmente ocupa la plaza de secretario en el Ayuntamiento de Orihuela. Gómez apuntó ayer que los hechos de los que le acusa el acalde «en caso de ser cierto, lo que niego rotundamente, no pasaría de ser una mera cuestión administrativa, y atribuyó esta acción del primer edil al miedo ante «una posible moción de censura que pondría en peligro su único medio de vida», y que apunta a que ya está sobre la mesa.

De hecho, señaló que, y para adelantarse a la jugada «en los próximos días vamos a ser testigos de la puesta en escena de lo que, desde hace meses, el bipartito de izquierdas formado por EU-Podemos y PSOE- guarda en un cajón a la espera de acontecimientos», y es ahora, cuando planea la sombra de una moción de censura, cuando han sacado a relucir el caso, siempre según Gómez.

La popular continúa añadiendo que «es la primera vez en la historia democrática de Almoradí que un alcalde utiliza los juzgados para silenciar a la oposición e impedir la alternancia democrática. Quizá sea así porque nunca antes nos había gobernado una persona de su catadura moral, capaz de cualquier cosa con tal de conservar un sillón municipal conseguido por la sonrisa del destino, y cuya única pretensión es la de conservar el sueldo que ahora tiene».

En cuanto el proceso judicial señaló que «quiero dejar claro que me defenderé donde corresponda, que es en los juzgados, y que demostraré en los mismos la falsedad y falta de fundamento de todas y cada una de las acusaciones que a este señor se le puedan ocurrir», en referencia al alcalde, Jaime Pérez.

Lo que llama la atención es que la demanda también incluya al funcionario municipal, lo que da a entender que, en caso de que las acusaciones sean ciertas, este haya participado en la irregularidad. Sea como fuera, fue la propia Gómez quien hizo pública ayer la noticia, pues por parte del equipo de gobierno no se anunció nada al respecto pese a que el decreto se firmó el pasado viernes.