El Ayuntamiento de Almoradí, presidido por el alcalde Jaime Pérez (PSOE), ha presentado hoy una denuncia en el juzgado de Orihuela para alertar a la Fiscalía Anticorrupción de que la exconcejala de Hacienda, María Gómez (actual portavoz del PP), autorizó durante más de dos años el pago de un sobresueldo mensual de 1.500 euros al secretario municipal en concepto de productividad. Ello a pesar de que mes tras mes, el departamento de Intervención emitía informes que advertían de que el abono de ese complemento salarial no estaba justificado legalmente. Según calcula el equipo de gobierno, el pago total superó los 45.000 euros y podría ser constitutivo de posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
El regidor ha comparecido hoy en rueda de Prensa para explicar que tras conocer esta presunta irregularidad "se ha visto obligado" a ponerlo en conocimiento de los juzgados puesto que, si no lo hacía, podía acabar siendo acusado él de un delito de encubrimiento.
El abogado Antonio Martínez Camacho, contratado por el Consistorio para este causa, ha explicado que esos pagos en concepto de productividad al anterior secretario, Virgilio Estremera, se estuvieron haciendo con carácter "igual, permanente y reiterado a lo largo de unos años y sobre todo que iban precedidos siempre de una proposición de pago por parte de la concejala de Hacienda, pero sin justificar legalmente el por qué se realizaba ese pago por productividad". En ese sentido ha explicado que el funcionario recibía un sueldo de 1.800 euros y otros 1.500 euros más en concepto de productividad.
El letrado ha dicho que este asunto "no dejaría de tratarse de una cuestión administrativa si no fuera porque después de cada proposición (de pago), la Intervención municipal realizaba la advertencia correspondiente de la ilegalidad o posible ilegalidad de ese acuerdo". "Es decir, la concejala reiteradamente cada mes recibía el informe de la Intervención en el que se le advertía de que no se puede pagar esto así, porque se tenía que justificar y decir por qué se pagaría ese plus de productividad. Parece que no se hacía en ningún caso y con carácter continuo supone que las arcas municipales han sufrido un quebranto".
La edil María Gómez dijo ayer al respecto de todo este asunto que se podría tratar de un "error administrativo", si bien el abogado ha dicho hoy que "no hay error administrativo cuando la Intervención municipal estuvo dando cuenta de esa irregularidad y cada mes se volvía a proponer (el pago) en las mismas circunstancias y las mismas condiciones".
El letrado ha proseguido que el Ayuntamiento tiene constatado que ese hecho se ha venido repitiendo desde 2013, si bien cree que "probablemente viniese de situaciones anteriores, que es lo que estamos tratando de descubrir para poner en conocimiento de la autoridad judicial".
A juicio del abogado que representa al Ayuntamiento en esta causa, "esos pagos, técnicamente, constituyen un posible delito de malversación de fondos públicos por cuanto que sabiendo que era ilegal, o por lo menos había serias dudas en cuanto a su legalidad, se estaba pagando de las arcas municipales un complemento tan importante que hasta la fecha ha sido valorado en más de 45.000 euros". Además estima que conlleva un posible delito de prevaricación acdministrativa, que según ha recordado es "dictar una resolución injusta a sabiendas".
"Uno puede el pimer mes hacer una proposición para que se pague en estas condiciones, pero cuando ya le ha dicho Intervención que eso puede ser ilegal, o que no se puede pagar así, lo que no tiene que hacer es seguir haciendo la misma proposición, y autorizar el pago. Eso tiene visos, en apariencia al menos, de prevaricación, y será el juzgado quien determine conforme a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción.
Antonio Martínez Camacho ha proseguido que desde 2009 existen sentencias del TSJ que dicen que "no se puede realizar ese pago por productividad todos los meses sin un argumento que explique en qué se basa esa productividad".
