La junta de gobierno aprobó ayer el nuevo protocolo de prevención contra el acoso laboral del Ayuntamiento de Torrevieja. La puesta en marcha de este protocolo formaba parte de la condena al municipio por un caso de mobbing a un policía local. En ese fallo se daba un plazo de 30 días para aprobarlo y ponerlo en marcha. La edil secretaria de la junta de gobierno Fanny Serrano dijo que el protocolo «es un elemento fundamental para que los trabajadores del Ayuntamiento no sufran mobbing» y para que «no vuelvan a darse este tipo de situaciones que perjudican gravemente a las personas y al servicio público».
Y es que ayer, además de aprobarse este nuevo protocolo, en la junta de gobierno se acataron dos resoluciones judiciales referentes a casos de mobbing. Una de las sentencias condena al Ayuntamiento a indemnizar con más de 48.000 euros al funcionario que sufrió el acoso laboral y que la junta ha tomado el acuerdo de que «una vez que la sentencia sea firme, se inicien los expedientes disciplinarios con la derivación de las respectivas cuantías económicas a quienes resulten responsables del acoso según la sentencia». Se trata del caso de un agente un agente de la Policía Local y sindicalista que denunció que desde 2004 había sufrido acoso por parte de quien era en ese momento principal jefe de la Policía y de un inspector, ya jubilado. La resolución del Ayuntamiento reclamará que sean ambos, como responsables de la situación, tal y como refleja el fallo, los que abonen la indemnización y no las arcas públicas. Entre otras actuaciones ordenaron al agente a destinos sin ningún tipo de función, además de abrirle numerosos expedientes disciplinarios en una década, todos archivados.
Por otra parte, por un auto del Tribunal Superior de la Comunidad no se admite a trámite el recurso del Ayuntamiento contra una sentencia que le condenó por mobbing en relación a otros tres funcionarios municipales, también policias. El Ayuntamiento solicitaba rebajar la cuantía de las indemnización por daños a los agentes. Algo a lo que se niega el tribunal.
El primer protocolo de mobbing del Ayuntamiento fue aprobado en 2009. Nunca entró en funcionamiento pese a que un reciente informe del jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento reconoce que desde 2014 se han recibido hasta 21 solicitudes -alguna de ellas reiteradas por el mismo funcionario-, para que se activara, la mayoría procedentes de agentes de la Policía que señalaban a sus mandos. El principal impedimento ha sido que la administración local carece de psiquiatra y la mutua que ofrece ese servicio sanitario se negó a disponer de ese especialista.
Supuesto desinterés
El Ayuntamiento intentó, sin éxito, acceder a ese profesional a través de una petición a la Diputación Provincial. El gobierno provincial se negó. Tampoco ha habido mucha colaboración por parte de la plantilla. La encuesta remitida a los funcionarios para evaluar los riesgos no alcanzó el 60% de respuesta necesaria para este informe y a los cursos de formación no se presentó ningún funcionario.
El informe del jefe de Recursos Humanos sobre este asunto habla de un último intento con la Universidad de Alicante de dotarse del especialista.
