El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha ordenado a la Abogacía de la Generalitat que solicite su personación como acusación particular en la investigación abierta a la concesionaria de Sanidad Ribera Salud, que dirige Alberto de Rosas, por el supuesto cobro de comisiones por prótesis y otros productos médicos, según señaló ayer Efe. Puig realizó este anuncio en el pleno de las Cortes, en respuesta a una pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri. La investigación que dirige el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia se dirige a la empresa b2b, creada por la concesionaria de cuatro de los cinco hospitales de gestión privada de la Generalitat (Ribera Salud), que supuestamente facturó comisiones a laboratorios que vendían sus productos en hospitales públicos.
«La Generalitat colabora con la justicia y la semana pasada remitió toda la información solicitada por el juez instructor, además de otra documentación adicional que puede ser útil. La mera sospecha de que los intereses comerciales han estado por encima de los asistenciales es suficiente», manifestó Puig, quien ha insistió en que no renovará la concesión sanitaria de Alzira.
«Hasta ahora no había control efectivo de las concesiones, ni sobre la calidad de su servicio ni sobre cuestiones económico-financieras. Había 24 liquidaciones pendientes, sólo la concesión de Torrevieja estaba al día, y eso supone dejar de recuperar cientos de millones que podrían haber ido a mejorar la salud pública», agregó el presidente.
Fruto de «medidas de choque» aplicadas por el Consell, «en las próximas semanas estarán acabadas las primeras auditorías de gestión de toda la historia» sobre estas concesionarias. Asimismo, Puig informó de que la Intervención de la Generalitat y la Sindicatura de Comptes están elaborando informes financieros al respecto, cosa que «hasta ahora nunca habían consentido» las empresas responsables de las concesiones.
