El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha presentado por registro de entrada, un documento de 11 páginas donde recogía varias alegaciones que defienden el uso del castellano y a los castellanohablantes, clasificando además el decreto de plurilingüismo como “un atentado contra la seguridad jurídica por su ambigüedad en muchos aspectos”.

El documento de alegaciones manifiesta que “consideramos que las aspiraciones de este decreto van más allá de las estrictamente académicas intentando convertir la lengua en un instrumento donde se afiance una determinada forma de pensamiento y una determinada forma de entender y vivir la lengua”.

Las alegaciones presentadas hacen mención a diferentes artículos del decreto alegando, en primer lugar, que el Decreto de plurilingüismo “que pretende imponer el Consell es discriminatorio ya que se reduce el castellano en todos los niveles de los centros educativos a mínimos niveles”, de manera que un alumno que quiera obtener el B2 de inglés y el C1 de Valenciano al finalizar el segundo curso de Bachillerato, “tendrá que estar en un centro que haya implantado el nivel avanzado 2, y ello comportará tener que dar más de la mitad de las asignaturas en valenciano, en detrimento de las que se impartirán tanto en inglés como en castellano”.

Otra de las alegaciones recoge que el modelo que quiere implantar cada centro será elegido mediante el claustro de profesores y el Consejo Escolar, “dejando al margen la opinión de las familias, siendo la parte más directa e interesada en esta elección”. Bascuñana recuerda también que la Vega Baja “es una de las comarcas con más profesorado interino, por tanto, que sea el profesorado casi en exclusiva quien decida qué nivel de plurilingüismo implantar sin contar con las familias y con la posibilidad que al siguiente año ese profesorado ya no esté en el mismo centro, es un grave desacierto”. Por lo que el primer edil oriolano considera que la solución “pasaría por dar cabida también a las familias y que sean los padres y madres quienes participen de una decisión tan relevante en la formación de sus hijos”.

Por otra parte,“existe un desajuste, obstaculizando la transferencia de alumnos entre centros” que, en pedanías, por ejemplo, puede darse el caso de que se imparta el nivel básico de valenciano y los alumnos estén obligados a trasladarse a otros centros para estudiar Bachiller y en el que se imparta el nivel avanzado de valenciano.

Las alegaciones también manifiestan la discriminación positiva hacia el valenciano, ligada tanto a la acreditación de los idiomas como a poder disponer de más horas en inglés, “supone una discriminación negativa hacia los alumnos que actualmente cursan la línea en castellano”. Los centros que prioricen el castellano no podrán dar el máximo de tres asignaturas en lengua extranjera y, según manifiesta el alcalde, “consideramos que las lenguas cooficiales se pueden potenciar sin necesidad de penalizar una tercera”.

Así, “el escenario propuesto constituye una consciente utilización de una lengua, como el inglés, para lograr objetivos ideológicos y el predominio lingüístico del valenciano”.Se hace también alusiones a la falta de regulación de “la exención del valenciano para alumnado que venga de fuera de la Comunidad o porque en su centro esté implantado el nivel básico”. En definitiva, el primer edil oriolano continúa defendiendo “la no imposición del valenciano y la no discriminación hacia los castellanohablantes”.