Con la reactivación económica del sector de la construcción llegan las prisas. Propias también del periodo previo a la crisis inmobiliaria. La Generalitat Valenciana ha aceptado la petición de una empresa promotora para suprimir de la macrourbanización del PAU 7, en Orihuela Costa, 670 viviendas de protección pública.
La decisión está amparada legalmente en una disposición transitoria de la ley de urbanística valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), aprobada en el último tramo del mandato anterior del Consell, que deja «en suspenso» la obligatoriedad de reserva de suelo para levantar vivienda protegida, para los planes aprobados definitivamente antes de 28 de junino de 2013, como es el caso, si se solicita antes de junio de 2017. Y se justifica. Y eso es lo que ha hecho el urbanizador.
El plan parcial PAU 7, -que linda al oeste con San Miguel de Salinas, al este con el canal del trasvase Tajo-Segura, al sur con y la Urbanización Villamartín-, se va a desarrollar sobre más de 655.000 metros cuadrados de la zona interior de Orihuela Costa. Tiene capacidad para 2.500 viviendas, enfocadas al turismo residencial, entre ellos 17.000 metros cuadrados de zona comercial, otros 15.000 para equipamientos, y 60.000, obligatorios, de zonas verdes.
La resolución del secretario de la comisión de evaluación ambiental de la Conselleria de Territorio, José del Valle Arocas, elimina de un plumazo ocho manzanas de viviendas protección oficial de esta zona, que iban a ocupar una superficie de más 89.000 metros cuadrados. Es decir, el urbanizador va a poder ofertar 670 viviendas más en el mercado libre de las que tenía previstas inicialmente.
El dictamen justifica el visto bueno a la eliminación de esa reserva de viviendas en que «no influye en otros planes o programas; no tiene incidencia en el modelo territorial propuesto ni en el incremento del consumo de recursos». La resolución de la Generalitat es favorable pese al que el dictamen recoge varios informes de distintos departamentos de la administración autonómica muy críticos tanto con la sostenibilidad de este proyecto, como por su impacto ambiental en una zona ya muy urbanizada. Además desvela algunos datos del documento de referencia de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este proyecto se deriva del Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela de 1990, cuya revisión está tramitada, concluida y paralizada por el Ayuntamiento de Orihuela desde años, guardada en algún cajón como oro en paño.
El PAU 7 fue aprobado por el conseller de Territorio y Vivienda en 2009, sin que mediara, tal y como recoge la resolución, una evaluación de impacto ambiental. El promotor ha presentado la petición de modificación puntual de la macrourbanización cuando tiene pendiente la aprobación del proyecto de reparcelación y antes de que pueda estar vigente la revisión del PGOU, que advierte de las afecciones ambientales de este proyecto, recomendado que recorte sus previsiones de construcción. El último paso previo a la urbanización del suelo, la venta de manzanas urbanas y la solicitud de licencias para la construcción de casas.
Modelo de ciudad
La resolución advierte que este «modelo de ciudad propuesta a base de viviendas unifamiliares aisladas ocupa una gran extensión de suelo, encarece la implantación de infraestructuras y fomenta la utilización del vehículo privado». La propuesta, alertan los técnicos, se tramita al mismo tiempo que el PAU 5, situado a dos kilómetros de esta propuesta, con casi 1,2 millones de metros urbanizables. Esa revisión del PGOU, que no está vigente, advierte que la zona oeste de este sector tiene carácter forestal «de carácter estatrégico y actuaría de conector ecológico al igual que se ha indicado para el PAU 9 (otra macrourbanización en Orihuela Costa), por lo que se debe excluir del sector». El mismo documento de referencia del nuevo PGOU dice que «se debe estudiar el riesgo de inundación generado por la rotura de las balsas de riego existentes y la afección del proyecto a los hábitats del búho real y el águila calzada, entre otras aves».
El informe liquida estos problemas con esta afirmación: «A pesar de lo indicado (sobre el impacto ambiental y territorial) no hay que olvidar que el objetivo de la modificación presentada es eliminar la obligación de construir viviendas protegidas en lugar de viviendas libres, un mero cambio del régimen jurídico...»
