El grupo parlamentario Podemos-Podem de la Generalitat Valenciana ha preguntado al Consell cómo piensa proteger Cala Mosca, uno de los últimos espacios vírgenes que quedan en el litoral del sur de Alicante, y que cuenta además con una microrreserva de flora que, a su juicio, está amenazada por la urbanización del Plan Parcial Alameda del Mar en Orihuela Costa dentro de su perímetro.

El diputado por Alicante Antonio Estañ recordó ayer que dentro de un año entrará en vigor el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, «con la consiguiente cobertura legal que proporciona para proteger nuestro litoral de la reedición de una burbuja inmobiliaria».

En este sentido, el parlamentario pidió a los responsables de gobierno valenciano que expliquen cómo va a actuar la Consellería de Medio Ambiente respecto a la situación de Cala Mosca, situada en Orihuela Costa, así como cuáles son los motivos por los cuales no se encuentra incluido este espacio dentro del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) y si se plantea incluirlo.

En esa cala está proyectada desde hace años una gran urbanización que contempla la construcción de decenas de casas. El proyecto se comenzó y se trazaron los viales, se construyeron rotondas, aceras, se dispuso asfaltado y se incluyeron los centros de transformación para dotarla en un futuro de energía eléctrica. No obstante el proyecto urbanístico no llegó a ejecutarse y, con el paso de los años, la zona ha sufrido numerosos actos vandálicos y robos de materiales como el cobre.

Fue en 2014 cuando la Generalitat, a petición del Ayuntamiento de Orihuela, aprobó una resolución por la que se estableció una microrreserva de flora en el paraje de Cala Mosca «debido a la presencia de una importante población de jarilla de cabeza de gato, planta protegida incluida en la categoría de Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas».

No obstante, ese hecho no frenará la construcción de las viviendas proyectadas, puesto que el suelo está calificado como urbano y la ejecución de las casas es viable desde el punto de vista legal.