El Consorcio de Residuos de la Vega Baja y la Generalitat firmaron ayer un convenio de colaboración para desbloquear la gestión de las basuras del sur alicantino. Se trata de la única comarca de toda la Comunidad que todavía no tiene instalaciones para ordenar la eliminación de desechos, lo que ha terminado por generar una situación de «urgencia», según estima el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer. Hasta el momento, los intentos de poner en marcha el Plan Zonal se han visto truncados por el caso Brugal, que investiga el presunto amaño de la contrata, y por la batalla judicial generada tras retirar la posterior concesión a Cespa-Ortiz por supuestos incumplimientos. Ahora el Consorcio quiere que la Administración autonómica, a través de la empresa pública Vaersa, prepare un nuevo proyecto de gestión y ponga en marcha las dos plantas de transferencia de desechos y la red de ecoparques que precisa la Vega.
La propuesta de la Generalitat para que el Consorcio pueda beneficiarse de la gestión de las basuras a través de Vaersa pasa por que el ente consorciado adquiera de forma simbólica una acción de esa empresa pública (127 euros) . Así, quedaría justificado que participara en su capital y por lo tanto sería un medio propio al que poder encargar la ejecución de las infraestructuras necesarias. De esa forma, según se valoró en un principio, el Consorcio se ahorraría además el IVA habilitar las plantas puesto que la empresa pública no aplica beneficio industrial a sus servicios.
Falta de apoyo
Hasta ayer, el presidente del Consorcio, Manuel Pineda, estaba dispuesto a realizar ese trámite presentando una moción por vía de urgencia, si bien no llegó a incluirla en el orden del día porque precisaba del apoyo de los 27 alcaldes y los del PP no estaban por la labor. Varios de los regidores manifestaron que los técnicos de sus ayuntamientos rechazan esa posibilidad al estimar que, de alguna forma, podría traer consecuencias negativas en caso de que Vaersa acabara disolviéndose y sus deudas se repartieran entre sus socios. Además los populares defendieron que antes de adoptar cualquier acuerdo a ese respecto, quieren que la interventora del Consorcio se pronuncie. También dudan de que Vaersa sea la mejor opción para disponer esas instalaciones y creen que habría que sacarlo a concurso público.
Aunque ese punto relativo a la compra de una acción ha quedado por ahora en el aire, lo que sí se ha hecho es sellar ese convenio entre el Consorcio y la Generalitat, respaldado por los representantes del Consell y los alcaldes socialistas, y con las abstención de los ediles del PP y el representante de la Diputación. En él se establece que se le encargará a la Administración autonómica la elaboración del proyecto de gestión y la ejecución y explotación de las obras e instalaciones necesarias. Esas infraestructuras están delimitadas por las bases técnicas del Plan Zonal, redactadas recientemente por una empresa a la que se le encargó ese trabajo, y en las que se estiman necesarias dos plantas de transferencia, dos de tratamiento, un vertedero y una red de 23 ecoparques. Así, la aprobación de esas bases fue otro de los puntos abordados ayer y respaldados por todos excepto Albatera.
210.000 toneladas
La decisión de ceder a la Generalitat la gestión de la eliminación de las basuras de la Vega ha sido respaldada por el director general de Calidad Ambiental, que en un informe ha estimado que era recomendable poner a la Generalitat al frente de los desechos que se generan en la Vega Baja porque es la segunda área geográfica de mayor producción de residuos de la Comunidad (casi 210.000 toneladas anuales) y sin embargo no dispone de instalaciones para tratarla. Piquer defiende que Vaersa cuenta con los equipos y maquinaria necesarios para poner en marcha un proyecto de gestión transitorio, que consiste en disponer de plantas de transferencia en las que compactar las basuras para ser derivadas a los vertederos, ahorrando dinero y minimizando el impacto ambiental.
Piquer recuerda, además, que iniciar la tramitación para ceder la gestión de las basuras a una empresa «podría plantear paralizaciones durante la tramitación del expediente por recursos del anterior adjudicatario, que recurrió en los tribunales la rescisión del contrato y puede entender que el Consorcio, sin sentencia firme a su favor, está agrediendo sus legítimos intereses». Por todo ello, estima que impulsar el proyecto con una empresa pública es «la única alternativa y la más eficiente, sostenible y eficaz» teniendo en cuenta la «urgencia» de disponer de las instalaciones necesarias.
