La Junta de Gobierno Local de Torrevieja ha impulsado varios expedientes de contratación entre los que se encontraba la licitación de la contratación del servicio de limpieza de edificios escolares por 1.690.507,26 euros. Mientras que en el expediente relativo a la contratación del mantenimiento y reparación de colegios públicos de enseñanza primaria se ha aprobado requerirle documentación a la empresa adjudicataria. Este contrato tiene un valor de 134.871'59 euros. Además de estos dos expedientes, la junta de Gobierno aprobó el relativo a la adquisición de productos químicos para las piscinas públicas por 23.619,81 euros, el que hace referencia al suministro de uniformes para la agrupación de voluntarios de Protección Civil, por 12.081,25 euros y se archivó el expediente de contratación del suministro de 140 chalecos antibala de dotación en el cuerpo de la policía local para tramitar otro anticipadamente. Como es habitual, también han estado sobre la mesa distintos puntos sobre la defensa jurídica del Ayuntamiento. Entre ellos, la defensa en tres procedimientos en los que se demanda al consistorio por el despido improcedente de sendos exempleados del servicio de salvamento de Cruz Roja. Igualmente se suscribió el informe de la Secretaria para repercutir a una mercantil la deuda abonada por el Ayuntamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social. El Ayuntamiento se vio obligado a abonar la citada deuda, que ascendía a 118.513'74 euros ya que el hecho de no afrontar esta deuda «coartaba la posibilidad de pedir subvenciones estatales por ser deudores con la administración», dijo la edil Fanny Serrano. El Ayuntamiento reclama ahora el pago a la empresa que generó la deuda.

Por último, y como asuntos urgentes, se autorizó la solicitud presentada por una mercantil para obtener una licencia de parcelación y se aprobó, «a la vista de los informes obrantes en el expediente» dejar sobre la mesa el expediente de contratación del desfile de la cabalgata de los Reyes Magos de 2017. Serrano aclaró que se adoptó esta decisión ante la imposibilidad de llevar a término el contrato propuesto como procedimiento abierto, por lo que ahora «se va a llevar a cabo otro procedimiento de contratación de los previstos en la Ley de Contratos de Servicio Público, probablemente un negociado con o sin publicidad».