El equipo de gobierno de Callosa de Segura (PSOE, EU y Somos) está decidido a rescindir el contrato con la empresa concesionaria del servicio de basuras en un pleno extraordinario que se celebrará el martes. La administración local cuenta con el respaldo del Consejo Jurídico Consultivo, que avala la ruptura del acuerdo contractual con la empresa adjudicataria, la mercantil Sirem, ligada al empresario Ángel Fenoll, alegando que ha incurrido en graves incumplimientos. El más grave de ellos, no cumplir con su obligación de disponer de un vertedero autorizado al que derivar los residuos y, además, negarse a afrontar el coste de depositar los desechos en otras plantas de tratamiento.
El concejal de Servicios, Rubén Manresa (EU), anunció ayer este asunto e informó que el Consistorio incautará la garantía de más de un millón de euros que la empresa aportó al asumir la concesión del servicio, en 2005. Este acuerdo se adoptará al margen de lo que pueda votar la oposición del PP y el concejal no adscrito Javier Pérez, que están en minoría.
Cierre del vertedero
La disputa entre el Consistorio y Sirem comenzó con el cierre del vertedero de Proambiente (Orihuela-Abanilla). Desde entonces la mercantil tuvo que trasladar las basuras de Callosa a una planta de Crevillente primero, luego a Villena y en la actualidad a Jijona. Por ello, Sirem alegó que los costes de llevar los desperdicios a esas plantas de tratamiento eran muy superiores a los originarios y se negó a asumirlos. De hecho, no quiso sellar un acuerdo con la gerencia de ninguno de esos vertederos para recibir las facturas a su nombre, por lo que tuvo que hacerse cargo el Ayuntamiento. A todo este respecto, el Consistorio ha venido defendiendo que en el contrato se estipuló que Sirem se hacía cargo de la eliminación de los desechos por riesgo y ventura, por lo tanto tenía que correr con todos los costes y era suya la obligación de disponer de un vertedero.
«El incumplimiento de uno de los elementos esenciales que caracterizan este contrato es tan radical y palmario que obliga al Ayuntamiento a realizar instrucciones de servicio y situarse como titular de obligaciones en sucesivas plantas y vertederos, convirtiendo una relación de poder adjudicador, en una relación en la que la administración se convierte, de facto, en titular de una de las materias esenciales del contrato», estima el órgano consultivo para avalar la rescisión.
El Consejo Jurídico Consultivo respalda además otros incumplimientos alegados por el Ayuntamiento para justificar la ruptura contractual. Uno de ellos fue el hecho de que la empresa abocó un camión de basura en un paraje de Aspe en vez de llevarlo a un vertedero. Otro es que Sirem ha estado depositando restos de muebles o electrodomésticos en un terreno municipal (la Hiresa) sin ningún tipo de permiso, llegando a lanzarlos por encima de la valla, en vez de llevarlos a puntos de recogida autorizados.
«Extravagante»
El edil Manresa aseguró ayer que el concejal Víctor Rodríguez (PP), cuando tuvo la certeza de que el Ayuntamiento pediría un dictamen al Consejo Jurídico Consultivo para conocer su opinión con respecto a la rescisión del contrato, envió un escrito al órgano consultivo alegando que fue él quien en la pasada legislatura, cuando estaba en el gobierno, dio permiso verbal a Sirem para realizar esos vertidos. Sin embargo, el Consejo ha calificado el escrito enviado por Rodríguez como algo «extravagante» porque está reconociendo que «autorizó el uso de las instalaciones de forma verbal, sin constancia administrativa y con una radical ausencia del procedimiento».
Para Rubén Manresa, esa maniobra del edil Víctor Rodríguez tuvo una clara intencionalidad de intentar defender los intereses de la empresa por encima de los del Ayuntamiento. «Para que los vecinos puedan entender este tipo de actuaciones es importante puntualizar que el hermano del concejal que presentó ese escrito y que da la cara por la empresa, es el encargado de Sirem en Callosa», prosiguió Manresa.
Ahora el Ayuntamiento tendrá que decidir entre seguir prestando el servicio de forma directa o sacar a licitación un nuevo contrato para entregarlo a una empresa privada. Todo apunta a que la mayoría del tripartito está más a favor de municipalizar el servicio, pero habrá que ver si las cuentas cuadran y si es posible.
