La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizó ayer cuatro registros, uno en Pilar de la Horadada y otros tres Murcia, uno de ellos a la Consejería de Fomento, y detuvo a tres personas aunque en las próximas horas está previsto la declaración de tres más por estos hechos. Entre los arrestados se encuentra el jefe de sección del servicio encargado de la expedición de carnés de transporte y puertos, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en los cursos de transporte y la tramitación de las tarjetas de Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Según fuentes de la investigación, los tres detenidos son trabajadores y responsables de centros de formación y empresas relacionadas con el transporte y los permisos de conducción, que se habrían valido de sus relaciones con la Administración para conseguir carnés de forma fraudulenta.
El funcionario investigado, además, es propietario de una academia que preparaba los exámenes y ha sido detenido a primera hora de la mañana en su domicilio cuando se disponía a salir al trabajo. Los agentes de la UDEF realizaron registros a lo largo de toda la mañana en dicha Consejería, en una empresa de Molina de Segura, en un domicilio del Pilar de la Horadada y en un local de San Pedro del Pinatar. De momento son tres los detenidos, pero se esperan un total de seis, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.
Se trata de una operación que está bajo secreto de sumario ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena, aunque se ha encargado de ejecutarla el Juzgado número 1 de Murcia en funciones de guardia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
Secretas
La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, al ser preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, explicó que las diligencias están declaradas secretas y ha asegurado que se abrirá una investigación interna «para comprobar el alcance de las diligencias y se actuará en consecuencia». También indicó que cuando se tenga toda la información sobre este proceso «se revisarán todos los procedimientos en los que pudieran haber intervenido estos funcionarios y analizar, de este modo, qué tipo de acciones legales proceden».
