El concejal de Fomento, Empleo y Desarrollo Local, Víctor Ferrández, expresó ayer sus dudas respecto a que el denominado Plan de Empleo Conjunto, que promueve la Diputación Provincial en colaboración con los Ayuntamientos y la conselleria de Empleo, llegue a convocarse para este año. El edil ha remitido escritos a la entidad provincial demandando información sobre la convocatoria, pero no ha obtenido respuesta.

Ferrández explicó que el pasado año 2015 la convocatoria se hizo pública el 30 de octubre y dejó un plazo muy limitado a los ayuntamientos para cursar la solicitud. ya que la participación implicaba "la obligación de seleccionar a los desempleados y contratarlos antes del 31 de diciembre".

El Ayuntamiento consiguió cumplir los plazos aunque en palabras de Ferrández "nos las vimos y nos las deseamos para llegar a tiempo". A través de este plan el Ayuntamiento contrató en 2015 a 41 personas, a media jornada, durante cuatro meses, con un coste de 64.700 euros. La misma cuantía la asumió la Diputación, que es además la administración encargada de convocarla y la Conselleria de Empleo.

El edil ha cuestionado que, una vez que nos encontramos en el mes de noviembre, "no tenemos noticias de que la Diputación haya movido un solo papel para sacar la de este año. Ni rastro". Por este motivo se ha dirigido en dos ocasiones a este organismo, en octubre y en noviembre, solicitando información sobre la fecha aproximada en la que se va a convocar este plan de empleo pero "no hemos obtenido respuesta", por lo que ha concluido que "es muy probable que no vaya a salir este año", aunque también aseguró que "espera equivocarse".

El Ayuntamiento tiene consignada una partida para hacer frente a la convocatoria, una inversión que el edil lamentó que "se va a perder si la Diputación del PP no hace su trabajo y publica la convocatoria. Será la única responsable de que se pierdan hasta 41 puestos de trabajo destinados a personas desempleadas de larga duración". Dijo que "no quiere pensar que la ausencia de convocatoria se deba a que "han perdido el control de la mayoría de los ayuntamientos, que son quienes en la práctica llevan a cabo la selección y contratación de estas personas"".