El Ayuntamiento de Catral dejará de ingresar más de 138.000 euros en multas por infracción urbanística impuestas 13 propietarios de casas ilegales construidas en la huerta. Los expedientes sancionadores se abrieron entre los años 2004 y 2005 pero la realidad es que han prescrito debido a que la administración no ha velado por realizar el trámite en los plazos que marca la legislación. Desde el equipo de gobierno catralense (APC y PSOE) culpan de este hecho a la Generalitat, que retiró las competencias urbanísticas a Catral entre 2006 y 2009 pero, al parecer, no se ocupó de tramitar los procesos sancionadores.

El Ayuntamiento de Catral ha publicado ahora en el Boletín Oficial de la Provincia la relación de propietarios que se salvarán de tener que pagar esas sanciones. Las multas abarcan cantidades que van desde los 4.000 euros hasta 25.000 en función de las obras realizadas fuera de ordenación. Aparecen desde dueños de viviendas a título particular hasta empresas.

Según explicó la edil de Hacienda, la socialista Inmaculada Úbeda, el secretario del Ayuntamiento ha instado a que esos saldos que aparecían como derechos de cobro del consistorio se retiren de la contabilidad puesto que las multas han prescrito y, por lo tanto, nunca se cobrarán.

El hecho de que las sanciones por infracción urbanística hayan prescrito sorprende y mucho teniendo en cuenta el caso de Catral. En el término municipal se construyeron en pocos años más de 1.200 casas al margen de la ordenación urbana, un hecho que motivó que la Generalitat, en una operación sin precedentes, retirara todas las competencias en materia urbana a los gestores municipales, liderados entonces por José Manuel Rodríguez Leal (PSOE), al considerar que no estaban tomando medidas para frenar esa revolución del ladrillo irregular.

Documentación

El Consell se llevó numerosa documentación del Ayuntamiento y, en teoría, se debía de ocupar de continuar con los procesos sancionadores. Pero según el actual equipo de gobierno esto no se hizo, por lo que las multas se acabaron archivando. El actual alcalde de Catral, Pedro Zaplana, admite que la responsabilidad de esos hechos ha sido tanto de la administración local, que era la titular de Urbanismo desde que se iniciaron los procesos sancionadores, en 2004, y hasta que en octubre de 2006 esas competencias pasaron a la Generalitat, así como la propia administración valenciana, que debió de haber seguido su tramitación. No obstante explicó que entre 2003 y 2007, el consistorio ejecutó 538 expedientes sancionadores por levantar casas en la huerta, de los cuales, «aparentemente», no se tramitaron esos 13. Zaplana enfatizó que es «aparentemente» porque en varias Juntas de Gobierno celebradas en 2008, el Consistorio acordó delegar el cobro de esas multas en vía ejecutiva a través de SUMA. «Igual se cobraron y no se contabilizaron como tal, pero lo que figura en la contabilidad es que el dinero no llegó al Ayuntamiento, por eso ahora hemos tenido que actualizar la contabilidad municipal».