El Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha reprobado al alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, por sus críticas al responsable de Anticorrupción en la Vega Baja, el fiscal Pablo Romero. Ramírez acusó este verano al representante del Ministerio Público de perseguirlo «por ser del PP«, en unas declaraciones publicadas por este diario el pasado 24 de julio. El Consejo Fiscal considera que estas palabras son «una inapropiada reacción que a través de un medio de información pretende interferir en una investigación criminal». Ramírez está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número uno de Orihuela por presuntas irregularidades en contrataciones en el polideportivo La Marina. El primer edil está investigado por presuntos delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales.
La decisión del Consejo Fiscal se adoptó a finales del pasado mes de octubre por unanimidad y está firmada por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Según la resolución, a la que ha tenido acceso este diario, este tipo de afirmaciones suponen «desconocer cuáles son las funciones y principios de actuación del Ministerio Fiscal».
El fiscal pidió el amparo a sus superiores tras las críticas del alcalde de San Fulgencio, incidiendo en que en el ejercicio de sus funciones en la Fiscalía ha actuado contra cargos públicos de todos los partidos en la comarca, con independencia de su color político. Entre ellos, la anterior alcaldesa socialista de San Fulgencio, Trinidad Martínez, condenada recientemente por un delito de prevaricación, en una causa en la que Romero era el representante de la Fiscalía.
El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa dio traslado a sus superiores de la petición del acusador de la Vega Baja, expresando su «apoyo total» hacia el trabajo de Pablo Romero, por «su plena dedicación» y la «seriedad de su trabajo». En este sentido, considera que con las insinuaciones que cuestionan la imparcialidad, es un intento de descalificar el trabajo de los fiscales. El informe presentado por el fiscal jefe de Alicante insistía en que no es la primera vez que la institución recibe opiniones de este tipo, «en la que se incita a dar una falsa imagen del fiscal» y señala que no son admisibles «aunque sea con fines exculpatorios».
