El Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha expresado su respaldo al fiscal Anticorrupción de la comarca alicantina de la Vega Baja, Pablo Romero, después de que el alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez (PP), cuestionara su imparcialidad, han informado hoy fuentes del Ministerio Público.
El primer edil había acusado a Romero de perseguirle "por ser del PP" en el marco de una investigación de un juzgado de Orihuela en la que está imputado (ahora investigado) por prevaricación y fraude.
En esa causa se investiga si Ramírez cometió un delito al autorizar pagos a una empresa por servicios de conserjería en un polideportivo sin que mediara contrato alguno.
En unas declaraciones realizadas al periódico 'Información' el pasado julio, el alcalde de San Fulgencio sostuvo que el fiscal Anticorrupción mentía en algún fragmento de un escrito remitido al juzgado sobre este asunto y denunció una persecución por parte de Romero por su pertenencia al PP.
El Consejo Fiscal ha acordado ahora por unanimidad de sus vocales "reprobar" lo que considera una "inapropiada reacción?" por parte del político, que "pretende interferir en una investigación criminal".
La resolución, fechada el pasado mes de octubre y que está firmada por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, recoge el "malestar" que generan este tipo de declaraciones e insta a los responsables públicos a ser "especialmente cuidadosos" en este sentido.
El órgano de representación de los fiscales defiende, asimismo, la profesionalidad y "plena dedicación" de Romero y critica las "líneas de defensa que se basan en el intento de descalificar la intervención de los fiscales".
Fue el propio fiscal cuya imparcialidad cuestionaba Ramírez quien buscó el amparo de su colectivo a través del fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, Jorge Rabasa.
En un escrito remitido a su superior, Romero expresó su malestar por las afirmaciones del político y recordó que Romero ha incriminado tanto a cargos del PP, como del PSPV-PSOE y EU de municipios de la Vega Baja en las numerosas causas por corrupción en las que ha intervenido.
De hecho, la anterior alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, ha sido condenada por un delito de prevaricación en la que él representó a la Fiscalía.
El fiscal jefe de Alicante trasladó este verano al Consejo Fiscal una petición de amparo en la que defendía el "buen hacer", la "seriedad en el trabajo" y la "absoluta dedicación de su colega.
Rabasa exponía en su escrito que no era la primera vez que los acusadores públicos de esta provincia eran objeto de descalificaciones que trasladan a la opinión pública "una falsa imagen" del colectivo aunque se hagan "con fines exculpatorios o de disimulo".
El Consejo Fiscal ha acordado hace unos días expresar su respaldo a Romero y reprobar las declaraciones públicas de Ramírez, quien también está encausado en otra investigación por prevaricación por aprobar ayudas de 150.000 euros al club de fútbol local.
