La Asociación de Empresarios de la Vega Baja (Asemvega) presentó ayer el resultado de un estudio, realizado por la Universidad de Alicante (UA), que da viabilidad, tanto financiera como medioambiental, a la instalación en la comarca de un intercambiador de mercancías ferrocarril-carretera -conocido como «puerto seco»- utilizando para ello el Corredor Mediterráneo. El objetivo, en definitiva, pasa por abaratar a las empresas costes y tiempos de la red logística en la exportación de mercancías a Francia y Alemania . El estudio establece un presupuesto de 24,3 millones de euros para la construcción de ese intercambiador. El objetivo ahora pasa por financiar el 20% del proyecto con fondos europeos -siempre y cuando Bruselas dé viabilidad al proyecto- y que el Ministerio de Fomento y la Conselleria de Infraestructuras y Transportes asuman el resto.
Desde el vicerrectorado de Investigación de la UA, representado por Juan Mora, se apuntó a que se trata de una inversión mínima que ofrecería una rentabilidad de cerca del 20%. De hecho, añadió que incluso con un sobrecoste de las obras de un 30% sobre lo proyectado, la inversión tendría una rentabilidad de un 12,3%, por lo que se trata de un proyecto completamente viable. El estudio cifra en casi un millón de toneladas las mercancías que la Vega Baja exporta a Francia y Alemania, principalmente, mientras las importaciones suponen menos de la mitad. De media, en la actualidad, los camiones de transporte recorren por carretera 2.100 kilómetros, por lo que el uso del ferrocarril ahorraría costes, tiempo, al no ser necesario que los camioneros efectúen las paradas para las horas de descanso «y aliviaría el tráfico por carretera, reduciría los accidentes y la contaminación, pues el ferrocarril es un medio de transporte más limpio», señaló Mora. Este puerto seco facilitaría también la red logística de empresas de Crevillent, parte de Elche y Santa Pola, pues al ubicarse muy cerca del polígono de San Isidro, entre este municipio y Catral, facilitaría que las empresas del Baix Vinalopó también hicieran uso de él.
El sector más beneficiado por este intercambiador sería el agrícola, que cuenta con cerca de 500 empresas en la comarca, según los estudios de la UA, y que facturan más de 500 millones de euros al año. Además, Mora apuntó a que la explotadora del intercambiador, previsiblemente el propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), acaba de adquirir una flota de vagones refrigerados para el transporte de mercancías perecederas. El puerto seco estaría preparado para transportar a los camiones en sí, por lo que no sería necesaria si quiera descarga la mercancía que llega por carretera, sino que estos serían traslados hasta sus destinos y continuar allí su viaje hasta el centro logístico final.
Plazos
Una vez comprobada la viabilidad del proyecto, desde Asemvega trabajarán en las próximas semanas para obtener el visto bueno del Ministerio de Fomento, que debe firmar un visado para poder optar a la subvención europea. El alcalde de Catral, Pedro Zaplana, será el encargado de realizar estas gestiones y apuntó ayer a que la semana próxima «o en unas dos semanas como muchos, nos reuniremos con Fomento para presentar más detenidamente el proyecto, que ya se les ha remitido». Un representante de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte también acudió a la presentación para mostrar el apoyo del Consell, y se comprometió a estudiar el aporte financiero. Aunque aún no hay luz verde de Fomento para optar a la subvención europea y esta no se resolverá hasta el verano de 2017, los empresarios y los representantes municipales y de la Diputación que acudieron a la presentación mostraron ayer su optimismo.
En caso de que Europa concediera la subvención, el siguiente paso sería la redacción del proyecto en sí, ya que la UA solo determinó su viabilidad, lo que supondría un coste de más de medio millón de euros, que habría que sumarle a lo presupuestado por la entidad universitaria, los 24,3 millones del intercambiador. El coste del estudio de viabilidad realizado por la Universidad de Alicante, 50.000 euros y ha sido financiado por los ayuntamientos de Callosa de Segura, Albatera, San Isidro, Catral, Cox y Granja de Rocamora, que hasta ahora han liderado esta iniciativa sin que otros se hayan sumando por ahora.
