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Técnicos del Consorcio urgen opciones más económicas para gestionar las basuras

La Comisión Técnica advierte que el gran número de obras previstas dispararán los costes

Técnicos del Consorcio urgen opciones más económicas para gestionar las basuras

Los técnicos del Consorcio de Residuos de la Vega Baja aconsejan buscar alternativas más económicas al proyecto de gestión de las basuras propuesto para desarrollar el Plan Zonal. Las bases técnicas, redactadas por una empresa privada, contemplan que se habiliten dos plantas de tratamiento mecánico biológico, dos centros de voluminosos y 23 ecoparques, entre otras, para tratar las 209.582 toneladas de desechos que se producen anualmente en la comarca. Pero poner en marcha ese conjunto de instalaciones precisará de una gran inversión económica que, al fin y al cabo, acabarán pagando los vecinos de los 27 municipios, por lo que consideran que habría que explorar otras posibilidades para ver qué opción es la más adecuada.

Las bases técnicas que regirán la puesta en marcha del Plan Zonal han sido redactadas por la mercantil Ingeniería para el Desarrollo Urbano Sostenible SL, que se adjudicó un contrato por valor de 21.538 euros con ese fin. El proyecto presentado ha sido avalado por la Comisión Técnica del Consorcio, aunque en su informe se han incluido algunas consideraciones a tener en cuenta. La principal radica en la cuestión económica y dice que «conviene tener en cuenta que el hecho de fijar determinadas condiciones mínimas, especialmente el número mínimo de las instalaciones, con dos plantas de tratamiento mecánico biológico, dos centros de voluminosos o la red de 23 ecoparques fijos y móviles, puede dar lugar a una solución más eficaz desde el punto de vista funcional y medioambiental, aunque sería aconsejable que se pudiera contrastar con otras opciones que puedan ser menos onerosas para el Consorcio».

«Instalaciones mínimas»

Los técnicos recuerdan que en las bases técnicas se ha fijado un número mínimo de instalaciones y, obligatoriamente, deberán de desarrollarse todas ellas. En concreto, se requiere la puesta en funcionamiento de una planta de eliminación de rechazos (vertedero), en la que se depositaría como máximo el 24,20% del total de los desperdicios durante los 20 años de vigencia del Plan Zonal; dos instalaciones de tratamiento mecánico biológico preparadas para clasificar los residuos y tratar los orgánicos; al menos dos equipaciones de aprovechamiento energético en las propias instalaciones de tratamiento; centros de clasificación y tratamiento de residuos voluminosos; una o varias plantas para la gestión de los residuos de construcción y demolición; y una planta de restos de poda, residuos agrícolas, zonas verdes y restos vegetales marinos.

El nuevo proyecto para ordenar la eliminación de las basuras de la Vega Baja está pensado para que empiece a ser impulsado a través de una empresa pública, Vaersa, y para que en un futuro pueda pasar a manos privadas. El trabajo se ha realizado de forma correcta, según los técnicos del Consorcio, ya que «el documento de bases técnicas elaborado se plantea para el supuesto de proyecto de gestión de iniciativa pública mediante gestión directa y se incluye asimismo un apartado en previsión de que se admita a trámite el proyecto de gestión de alguna de las instalaciones por iniciativa privada o que se opte por una gestión indirecta».

Así, para el supuesto de gestión indirecta las bases técnicas incluyen los requisitos que han de cumplir los licitadores, como demostrar solvencia económico- financiera, solvencia técnico-tecnológica, requisitos generales de los concursantes, criterios de adjudicación del concurso y propuesta de ponderación de los mismos.

La decisión del Consorcio de apostar en principio por gestionar la basura a través de la citada empresa pública es una estrategia para evitar que los tribunales bloqueen el proyecto. Cabe recordar que el anterior proyecto de gestión del Plan Zonal se adjudicó a la UTE Cespa-Ortiz, pero el contrato se acabó rescindiendo debido a supuestos incumplimientos del contratista, según alegó el Consorcio. La situación dio lugar a una batalla judicial que se está librando en los tribunales. De ahí que el Consorcio quiera evitar licitar de nuevo el proyecto y cederlo a una empresa privada, para evitar que Cespa-Ortiz pida que se adopten medidas cautelares para impedir una adjudicación antes de que se resuelva su situación.

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