El Ayuntamiento de Almoradí tendrá que apretarse el cinturón para hacer frente a gastos inesperados que se acumulan. El Consistorio ha recibido hasta tres sentencias judiciales condenatorias que obligan a abonar 350.000 euros por retrasos en el pago de obras ejecutadas durante legislaturas anteriores. A este hecho hay que sumarle el requerimiento del Ministerio de Hacienda que obliga a recortar 754.000 euros por incumplir la regla de gasto durante el año 2015. Con todo ello, el equipo de gobierno (PSOE e IU) tratará de cuadrar un presupuesto de cara al año 2017 que inevitablemente incluirá recortes. Eso si la oposición, que cuenta con mayoría, permite que se aprueben las cuentas, porque las cuatro formaciones que integran la corporación no han sido capaces hasta ahora de alcanzar acuerdos en materia presupuestaria.
El concejal de Hacienda, Abelardo Muñoz, explicó ayer que el primer fallo judicial obliga al pago de 100.000 euros por la construcción del Cuartel de la Guardia Civil. Otro de ellos es relativo a las obras de la Plaza de la Libertad y habrá que abonar ahora 72.000 euros. También habrá que saldar otros 48.000 euros con la empresa que realizó el pabellón deportivo; 25.000 euros más por la obra de la Jefatura de Policía Local y otros 101.000 euros por las piscinas. Muñoz dijo que el equipo de gobierno está tratando de negociar con las empresas que han ganado las batallas judiciales para intentar fraccionar los pagos y abonarlos en varios años, como ya se ha conseguido en el caso de la obra del cuartel de la Benemérita.
Exigencia
La segunda de las eventualidades económicas que tendrá que afrontar Almoradí es la exigencia de aprobar un plan económico financiero que especifique de dónde se va a recortar dinero para consignar en las cuentas esos 754.000 euros derivados del incumplimiento en la regla de gasto. El responsable de Hacienda quiso explicar ayer que ese desajuste económico no significa que el equipo de gobierno haya despilfarrado dinero, tal y como «ha tratado de hacer creer la oposición», sino que se ha producido un error en la contabilidad que ha hecho que Cristóbal Montoro ponga la lupa en las cuentas del municipio.
En 2014 se realizaron diversas obras, como la de disponer césped artificial en el campo de fútbol y otros trabajos de mejora en la localidad. El Ayuntamiento debió de incorporar ese gasto a la contabilidad de 2015, restándolo del presupuesto anual, pero no se hizo. Aunque el Consistorio tuviera 1,2 millones de superávit el pasado año, la legislación impide cargar ahí esos 754.000 euros, por lo que obligatoriamente hay que imputarlo a las cuentas de 2016 y 2017. En definitiva, habrá que hacer recortes en las partidas presupuestarias aunque, según Abelardo Muñoz, este hecho no se notará demasiado, puesto que con el PP al frente del gobierno ya sucedió lo mismo y se aprobó otro plan económico financiero que se ha afrontado en los ejercicios 2014 y 2015.
