El fiasco de la construcción del centro cultural «La Paloma» de Pilar de la Horadada sigue trayendo consecuencias negativas. El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche ha condenado al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 2.359.414 euros a la empresa que construyó el polémico edificio. En el contrato se estipuló que la adjudicataria de las obras tendría derecho a explotar durante un periodo de 50 años la zona de aparcamiento del inmueble, pero esto no ha sido posible porque las obras fueron paralizadas por el propio Consistorio debido a los enormes sobrecostes.

La batalla legal que ha acabado condenando al municipio fue iniciada por la UTE Urdemasa SA e Infraestructuras Terrestres SA, que se adjudicó en 2002 las obras de este centro cultural y auditorio a cambio de quedarse con la concesión del aparcamiento, ubicado en el sótano. Tras algo más de tres años de obras, el Consistorio acabó suspendiendo la ejecución del proyecto en 2006 al dispararse el presupuesto inicial de los 2,4 millones previstos hasta los 12 millones, y una vez que ya había gastado cuatro millones (sin contar el parking). Todo ello mientras gobernaba el actual alcalde, Ignacio Ramos (PSOE).

La obra se quedó desde entonces a medio hacer y ni siquiera se había construido el auditorio previsto. Fue abandonada por la administración y acabó siendo saqueada y expoliada, de forma que los vándalos se llevaron los objetos de valor, sobre todo materiales de construcción, y arrasaron el inmueble. Además, hubo que retirar el cuello que daba forma a la paloma porque la estructura no soportaba su peso y corría peligro de desprendimiento.

Resolución contractual

Viendo que el Ayuntamiento no adoptaba ningún acuerdo para retomar el proyecto, la UTE pidió a la administración local la resolución del contrato en 2013, exigiendo una compensación de 2,5 millones porque había realizado una inversión en las obras y no había obtenido su parte del trato, que era el parking. El Ayuntamiento se negó a pagar esa compensación pero un juez ha resuelto ahora que su exigencia económica es legítima.

En concreto, el fallo judicial recoge que se condena al Consistorio a pagar a la UTE 2.225.863 euros por el valor de las obras ejecutadas y otros 133.551 euros por lucro cesante, más las costas judiciales. Contra esta sentencia el Ayuntamiento podrá interponer un recurso de apelación y el alcalde, Ignacio Ramos, aseveró ayer que se recurrirá al no estar de acuerdo con la resolución.

La sentencia avala la petición de la UTE adjudicataria porque fue el Ayuntamiento quien paralizó la obra y, además, la administración se h negado hasta ahora a retomar el proyecto.

Sobre todo este asunto, el grupo de Vecinos por el Pilar valoró ayer que ahora «todos los pilareños son los propietarios de un aparcamiento que se encuentra en un estado prácticamente ruinoso, expoliado y saqueado durante años ante la impasibilidad de todas las partes». Criticó además que cuando apoyó la investidura del PSOE esta legislatura, se acordó como una de las condiciones que se hiciera una auditoría para saber en qué se había gastado hasta el último euro de este ruinoso proyecto y eso es algo que por ahora los socialistas no han cumplido, según este grupo de la oposición.