20 de octubre de 2016

Cox tendrá que pedir un préstamo de 2,8 millones para pagar una expropiación de suelo de 2007

El secretario urge al equipo de gobierno que aclare cómo pagará - Pedir créditos conlleva más impuestos y recortes

21.10.2016 | 00:38
Sector urbanístico en el que se recalificaron los terrenos y se expropiaron las fincas.

El Ayuntamiento de Cox tiene que hacer frente al pago de una expropiación de terrenos realizada en 2007 por valor de 2.864.474 euros, según ha estimado un perito judicial por orden del Tribunal Supremo (TS). Aunque el Consistorio ha recurrido el peritaje para tratar de rebajar esa cantidad, el secretario de la administración local ya le ha dicho al equipo de gobierno que vaya pensando de dónde va a sacar el dinero para poder afrontar esa deuda porque no hay recursos municipales para poder afrontarla. Así que, o se venden terrenos públicos para obtener fondos, o habrá que pedir un préstamo bancario, lo que puede conllevar la necesidad de subir impuestos y hacer recortes para poder devolver el dinero.

El secretario municipal ha firmado un informe en el que urge al gobierno liderado por Miguel Ángel Gambín que busque soluciones a esta situación. En este sentido, deja claro que el Ayuntamiento no tiene dinero para poder hacer frente al pago y advierte que recurrir a un préstamo «generará un impacto importante en la gestión económica municipal y exigirá un importante incremento de la carga impositiva para afrontar la devolución del préstamo y los intereses que genere». Y será así «salvo que la reducción de gastos, -difícil en lo que supondría prescindir de servicios obligatorios- o la generación de ingresos mediante la enajenación de patrimonio lo pudiese evitar», ha valorado el fedatario.

La condena judicial que obliga al pago de esa indemnización ha hecho tambalear la marcha económica de un Ayuntamiento que trabaja con un presupuesto de 4,4 millones de euros. Fue en 2007 cuando el Consistorio expropió a dos propietarios de terrenos urbanizables para convertir sus fincas en zonas verdes destinadas a parques y jardines en el marco del Plan General de Ordenación Urbana. La administración local indemnizó a los dueños de esas parcelas con 360.000 euros, una cantidad que consideraron irrisoria e injusta, por lo que iniciaron una batalla judicial que ha acabado en el Tribunal Supremo. En el proceso judicial se ha estimado que la cantidad justa a compensar son esos más de 2,8 millones, que era el valor que tenía el suelo en base los metros que eran edificables.

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