Cuanto más explora el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja las posible legalización del edificio de La Plasa, que acoge el mercado de abastos municipal, más obstáculos se encuentra. Para poner en orden el marasmo legal y técnico del edificio es necesario derribar la última planta, según la información a la que ha tenido acceso este diario sobre lo que apuntan las conclusiones de los informes técnicos que han analizado la situación del inmueble
El Ayuntamiento formalizó a principios de los noventa, a propuesta del entonces alcalde Pedro Hernández, una concesión por 50 años de la manzana en la que se ubica el edificio a un empresario que, a cambio, demolería la antigua lonja del mercado de abastos, levantando un nuevo edificio sin coste para el Ayuntamiento, y cediendo la planta baja para albergar el tradicional mercado municipal. Pronto se comprobó que la empresa concesionaria, implicada después por supuesta estafa en otros proyectos en Catral o Alcoy, no era segura.
La última planta y la terraza con cuatro torreones se añadieron al edificio cuando ni tan siquiera aparecían sobre los planos del proyecto. Esa planta acogió durante algunos años la actividad de unos multicines. A la dificultad técnica de derribar esa obra, sin cuya demolición es imposible técnicamente legalizar del conjunto, se suma el hecho de que los concesionarios del uso de ese espacio cuentan todavía legalmente con otros 25 años de aprovechamiento. Y para renunciar a esa concesión reclaman, aunque no lo han hecho público, el importe del impuesto del IBI que abonan todos los años, en torno a 14.000 euros anuales. En total, para desprenderse de la concesión de la planta, exigen casi 400.000 euros. El equivalente a ese impuesto por 25 años.
Además de esa grave irregularidad en la construcción, el edificio presenta otras muchas deficiencias que hacen imposible que se adapte a las condiciones mínimas que exige la legislación para otorgarle una licencia de actividad. Como la ausencia de hidrantes que permitieran actuar en caso de incendio. También existen deficiencias evidentes en el aparcamiento subterráneo, «atado» a través de la concesión a una empresa. El debate sobre la falta de licencia y condiciones del propio recinto del mercado no se ha abierto en el equipo de gobierno porque es muy probable que se obligara a decretar su cierre. En un principio, se ha estimado que las condiciones que presenta la primera planta no entrañan peligro para tenderos y clientes, aunque en la decisión de no actuar pesa, y mucho, la polémica que generaría una clausura de este tipo, teniendo en cuenta los antecedentes en otras instalaciones municipales, como el Teatro, y que en este caso afectaría a una docena de pequeñas empresas.
De hecho, el principal motivo por el que el Ayuntamiento no ha querido promocionar una licitación de los puestos de la plaza vacantes -más de la mitad sobre cuarenta- es precisamente los problemas legales que arrastra el inmueble. Algo que desaconseja tanto la subasta de los puestos como plantearse obras que permitan que el espacio tradicional de venta se consolide como oferta atractiva en el centro de Torrevieja -ocupa uno de los mejores ubicaciones del centro del casco urbano, en un edificio que, sin embargo acabó con la imagen más tradicional que ahora se vende en la mayoría de mercados reformados-.
Además de la planta baja y la superior, la propiedad de la primera y segunda, en la que se ubicaron más de treinta locales comerciales y un bar, sin prácticamente actividad desde el principio, es compartida por un fondo «buitre» norteamericano -aunque su gestión comercial está en manos de una entidad financiera alicantina-, que embargó al concesionario y pequeños propietarios que nunca pudieron darle salida a su inversión.
