La Fiscalía Anticorrupción ha determinado que el alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE), «abusó» de su cargo y del ejercicio de las funciones que tiene atribuidas para acordar mediante decreto la retirada de tres documentos que habían sido registrados en el Ayuntamiento por el secretario. Se trata de varios informes en los que el funcionario ponía reparos al pago de emolumentos en concepto de dietas y gastos de representación que el propio regidor había realizado. Esa acción, a juicio del fiscal, podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de otro de infidelidad en la custodia de documentos, por lo que ha pedido que el regidor declare ante el juez en calidad de investigado (antes llamado imputado).
El representante del Ministerio Público en esta causa judicial, el fiscal Pablo José Romero, estima que el comportamiento del regidor Luis Vicente Mateo «no tiene justificación legal alguna» puesto que «por mucho que se pueda discrepar con un reparo, lo que no resulta posible es retirar el informe de quien tiene la obligación de fiscalizar los gastos del Ayuntamiento».
La denuncia que ha motivado la apertura de esta causa fue registrada por la oposición del Partido Popular (PP), liderada por Bernardo Mira, tras constatar que dichos informes con reparos habían desaparecido y, en el lugar que ocupaban, se habían incluido otros relativos a temas distintos. Según estima el fiscal, el regidor decidió mediante decreto retirar esos informes del registro de entrada del Consistorio «alegando que acudiría a una asesoría externa y que, una vez realizadas las gestiones correspondientes», daría cuenta al Pleno, algo que hasta ahora no se ha hecho.
En los informes de fiscalización del interventor se explicaba que existían dos justificantes de gastos realizados por el alcalde que contenían defectos, cuyos importes eran de 642,60 y 319,49 euros. En concreto, no estaban «debidamente justificados» porque en unos casos, no se había explicado a qué se debió esos gastos de representación, presentando sólo las facturas de restaurantes, y en el caso de los desplazamientos en coche, que se le pagan a 0,40 euros por kilómetro, tampoco indicó cuál era el motivo exacto de sus viajes. Además, señalaba que al menos dos de las comidas que el alcalde cargó a cuenta del Ayuntamiento no estaban justificadas porque no permaneció el tiempo suficiente en reuniones como para que la administración local debiera pagarle su manutención.
Documentación denegada
Bernardo Mira pidió en varias ocasiones que se le entregara la documentación que se incluyó en el registro municipal de forma originaria, pero el consistorio le entregó los que se habían depositado con posterioridad y que nada tenían que ver con el asunto en cuestión. Ante su insistencia, se le contestó que «la reiteración de la obtención de copias por Mira estaba provocando la obstaculización de la actividad del Ayuntamiento».
Tras todo ese asunto, el acalde firmó un nuevo documento ordenando a los funcionarios y en particular al secretario-interventor que desde entonces «los informes y cualquier otro documento de carácter interno no se presentaran para su registro en el registro de entradas o salidas».
La apertura de una causa judicial por este asunto en el juzgado de instrucción Número 1 de Orihuela motivó que prestaran declaración el portavoz del PP y varios funcionarios del Ayuntamiento de Benferri. Ahora la jueza que instruye el caso, ha determinado que se debe declarar la causa como compleja, dando así un plazo de 18 meses para poder continuar la investigación.
Recientemente, el primer edil registró un escrito en el Ayuntamiento solicitando que se pagaran con dinero público todos los gastos procesales que le genere su defensa en este caso. La moción fue debatida en una sesión plenaria que tampoco estuvo exenta de polémica. La corporación de Benferri está conformada por cinco representantes del PSOE, incluido el alcalde, y otros cuatro del PP. El regidor se abstuvo en la votación, puesto que era un asunto que le afectaba de forma directa, y el empate entre socialistas y populares se resolvió cediendo el voto de calidad del regidor al primer teniente de alcalde. Por lo tanto, el voto de éste contó como doble y el PSOE pudo sacar adelante esa propuesta.
No obstante, los populares anunciaron que también pondrían estos hechos en conocimiento de la fiscalía porque, según defienden, esa maniobra de ceder el voto de calidad fue irregular y se orquestó con el único objetivo de que se le pague al abogado del alcalde con fondos del erario municipal.
