A la Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega Baja se le acumulan los problemas. La entidad lleva más de dos años en proceso de disolución tras acabar en la ruina y mantenía contratada a una técnico para realizar los trabajos para poder ejecutar el cierre. Pero durante los últimos cinco meses no se le ha abonado la nómina y recientemente ha sido despedida de forma improcedente, por lo que ha decidido denunciar a los once ayuntamientos que integran dicha Mancomunidad. Además, la presidenta y el tesorero, Ana Belén Juárez y Antonio Bernabé, han presentado su dimisión. Todo ello mientras el juzgado sigue manteniendo todas las cuentas embargadas y a los antiguos empleados se les sigue debiendo medio millón de euros.
La denuncia de esta última trabajadora de la Mancomunidad está llegando a todos los Ayuntamientos que formaban parte de este club que nació con la idea de impulsar la economía de la Vega Baja. Son Benferri, Benijófar, Benejúzar Bigastro; Jacarilla, San Isidro, Los Montesinos, Algorfa, Redován; San Miguel de Salinas y San Fulgencio. La empleada recibió con tan sólo un día de antelación su carta de despido mientras la entidad le debe 9.132,54 euros en concepto de salarios atrasados, y ahora reclama otros 12.848 euros como indemnización por su cese de contrato.
La que todavía es presidenta en funciones, la edil de Los Montesinos Ana Belén Juárez, explicó ayer que desde que el juzgado decretó el embargo de todas las cuentas de la Mancomunidad y les prohibió administrar dinero, se vieron obligados a cesar los pagos a la empleada. El juez adoptó esa decisión tras una reclamación de los extrabajadores, que denunciaron que mientras a ellos no se les pagaba, la entidad estaba abonando sueldos a dos personas para llevar a cabo el proceso de liquidación, sin haberlo conseguido. Estos eran la trabajadora que ahora ha denunciado y el actual alcalde de Callosa de Segura, Fran Maciá.
En este momento la principal deuda de esta organización se concentra en las indemnizaciones por despido improcedente a una decena de antiguos trabajadores, que reclaman casi medio millón de euros con el respaldo de una sentencia judicial que les da la razón. Según dijo Juárez, esa deuda se podría saldar si los Ayuntamientos morosos abonaran sus deudas con la Mancomunidad. Son San Fulgencio, que debe 324.000 euros; Bigastro, que adeuda alrededor de 280.000 euros; y Redován, que tiene que pagar 62.000 euros más. No obstante, éste último municipio reconoció su deuda hace relativamente poco, pues defendía que el consistorio había abandonado la entidad hacía varios años, aunque finalmente ha acabado aceptando su parte de la deuda. También Benijófar debe casi 6.000 euros. El otro municipio deudor, San Miguel de Salinas ha saldado recientemente los 51.000 euros que debía y los ha ingresado en una cuenta del juzgado, siempre según Juárez.
La presidenta en funciones explicó que el día 14 de octubre se celebrará un pleno en el que se hará efectiva su renuncia y la del tesorero. En su opinión, deben de ser los Ayuntamientos deudores los que a partir de ahora tiren del carro y asuman un proceso de liquidación que parece no tener fin mientras los problemas crecen.
