Un juzgado ha absuelto del delito leve de usurpación de vivienda a una de las nueve familias -una madre y con su hijo pequeño- que en mayo ocupó un piso vacío del residencial propiedad pública de la Generalitat en Torrevieja, situado en la calle Emilia Pardo Bazán.
La sentencia indica que ante situación de extrema necesidad -la alternativa de quedarse en la calle- no supone un ilícito penal la entrada sin violencia ni intimidación en estas viviendas hasta encontrar otra solución habitacional. La resolución absuelve a una familia que entró en una vivienda de titularidad pública que en un principio estaba consagrada a solucionar la demanda de vivienda con un alquiler reducido, pero que nunca han servido a ese fin. Durante siete años la Generalitat ha sido incapaz de de tramitar ese arrendamiento al exigir unos requisitos y precios que no se adaptan a la demanda de vivienda pública. Más de 20 de los treinta pisos inaugurados a bombo y platillo por la Generalitat en 2008 habían permanecido vacíos desde entonces. En mayo de 2016 se ocuparon una decena de esas viviendas. Las familias, apoyadas por Stop Desahucios y la abogada Pilar Gómez explicaron que el daño que hacían al entrar a viviendas públicas que la administración no se ha ocupado de adjudicar desde que se construyeron es menor que el que se hace en propiedades privadas. También que se trataba de una solución temporal para esas personas.
La resolución judicial supone un revés para la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda, que presentó esas denuncias y que reclamó un amplio despliegue de Policía Local para evitar nuevas ocupaciones.
Problemas
Incluso la Generalitat cuestionó en que el partido Ciudadanos «alentara» las ocupaciones ilegales dado que es la concejal de esta formación la letrada que defiende a la mayor parte de las familias. Gómez Magán junto a Stop Desahucios en Torrevieja recordaron que más de la mitad de las viviendas inauguradas en 2008 nunca han sido empleadas para el uso al que se dedicaron, el alquileres a parejas jóvenes con recursos limitados. Apenas diez de los 27 pisos estaban habitados hasta la llegada de los nuevos residentes, entre los que se encuentran familias con niños pequeños, víctimas de violencia de genero, y casos de exclusión social. La situación generada por la presencia de diez nuevas familias en esta promoción no es fácil. Esos residentes comparten espacios comunes con las otras diez familias a las que adjudicaron en su día las viviendas con un alquiler social bastante elevado para los precios del mercado en Torrevieja, y que supera los 250 euros con gastos de comunidad. La Generalitat ha sido incapaz, a día de hoy, de modificar las condiciones del alquiler joven para hacerlo más atractivo -con la situación de ocupación esa labor es ahora todavía más difícil-en una ciudad con ofertas de vivienda mucho más atractivas en el mercado.
Por otra parte, Antonio Padilla, portavoz de Stop Desahucios cuestionó hace unos días la falta de operatividad de la Oficina Municipal de Vivienda. Los responsables municipales de ese servicio, los ediles Fanny Serrano y Víctor Ferrández, por su parte, han justificado los problemas para atender la gran demanda de vivienda a la reducida oferta con la que el municipio cuenta de vivienda pública, en un Ayuntamiento que ha desarrollado durante décadas planes urbanísticos con millones de metros. La lista de espera para las escasas promociones disponibles -que además hay que adecuar en muchos casos- es de más de 200 solicitantes. Los ediles, que no tienen competencias sobre las viviendas del EIGE, sí lamentaron las ocupaciones porque dificultan el proceso de adjudicación iniciado por el actual Consell y sometía a las familias a denuncias y juicios innecesarios. Al contrario que Stop Desahucios entienden que se hace más daño cuando se ocupa una vivienda pública que cuando se hace en un piso de un banco. En este sentido indican que la Oficina Municipal ha ayudado a archivar denuncias de los bancos por usurpaciones de viviendas, emitiendo numerosos certificados que validan la permanencia de esas familias en las viviendas.
