La millonaria reclamación interpuesta por la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja (Sufi, Gobancast y Liasur) contra la anulación del contrato de las basuras, en 2012, por supuestos incumplimientos, que acordó el equipo de gobierno que lideraba Monserrate Guillén (Los Verdes),no se resolverá en tanto en cuanto no haya sentencia en firme por la pieza del caso Brugal que investiga si, precisamente, esta adjudicación por sospechas de amaño. Por este asunto que se resolverá ante la sección VII de la Audiencia Provincial y por tanto, por la vía penal, están imputados tanto representantes municipales, caso de los exalcaldes José Manuel Medina y Mónica Lorente, como empresarios, caso de Ángel Fenoll.
La decisión supone aparcar un espinoso tema para el Ayuntamiento que desde la anulación, y vamos camino de cinco años, gestiona el servicio de limpieza de forma provisional gracias a un informe favorable del Consejo Jurídico Consultivo, algo que el interventor ha cuestionado en varios informes. Lo cierto y verdad es que el municipio tiene las manos atadas pendiente de lo que resuelva por la Audiencia este supuesto amaño que de darle la razón evitaría, probablemente, el pago de la indemnización que reclama la mercantil.
El concejal de Hacienda y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Rafael Almagro (Partido Popular) explicó ayer esta decisión al término de la reunión y anunció, en otro orden de cosas, la aprobación del reglamento del Consejo Sectorial de Turismo que ahora tendrá que ratificarse en pleno.
Facturas
En otro orden de cosas, se aprobaron facturas por 346.667 euros y licencias de obras para viviendas en Orihuela Costa. En cuanto a Patrimonio, Almagro explicó la desestimación y archivo de una de las reclamaciones sobre la expropiación de una parcela correspondiente a las obras del paseo que va desde Cala Mosca a Cala Capitán.
Asimismo, la Junta de Gobierno dio luz verde a la adjudicación del alquiler del local para albergar el archivo municipal, mientras que por otra parte se regulariza el arrendamiento de otro en la pedanía de La Aparecida destinado al uso como Centro Cívico.
