Busca de manera «sigilosa, productiva y técnica» emplazamientos para situar las plantas de tratamiento de basura y el vertedero que necesita la Vega. Asegura que lo ideal es hacerlo mediante consenso pero sabe que si no hay municipios voluntarios al final tocará imponer la ubicación.

¿Qué le parece el modelo de gestión de la basura en la Comunidad? ¿Es mejorable?

Muy mejorable. En sólo unos meses, sólo con una redistribución de flujos, estamos ahorrando 3.000 toneladas al mes con destino a vertedero. Estamos aplicando ya mejoras en las plantas de tratamiento. En lo que queda de 2016 y 2017 está previsto que se ejecuten inversiones por valor de 100 millones de euros. Asimismo, entre 2018 y 2019 se prevén 100 millones de inversión adicionales, según los nuevos proyectos de gestión solicitados a los Consorcios y los nuevos servicios de recogida mejorados, solicitados a los Ayuntamientos.

El Consorcio de Residuos de la Vega Baja aprobará en breve ceder la gestión de las basuras a Vaersa para que desarrolle el proyecto de gestión del Plan Zonal. ¿Por qué la mejor solución es gestionarlo mediante una empresa pública?

Tenemos en la actualidad una sentencia a favor del Consorcio, en el caso de la rescisión del contrato a la UTE Cespa-Ortiz. No obstante, esa sentencia no es firme. Por ello, al objeto de poder dar salida a la real ejecución de una valorización y eliminación de residuos urbanos en el territorio de la Vega Baja, hasta que el Consorcio obtenga una sentencia firme, debe hacerse a través de una empresa pública. De ese modo, si el Consorcio perdiera en sentencia firme, podría retirar a la empresa pública y permitir, en ejecución de sentencia, que pasara a desarrollar el contrato la empresa privada.

En el vertedero de la Vega se enterrará hasta un 24% del total de la basura generada. ¿Le parece mucho ese porcentaje?

Lo que Europa nos está diciendo es que a partir de 2025, tenemos que depositar en vertedero como mucho un 35 % de los residuos. Las bases de la Vega Baja indican un 24%, de momento, por lo que parece que se trata de un objetivo ambicioso. Para conseguirlo, se han adicionado todas las nuevas tecnologías necesarias. La única técnica que permitiría reducir aún más esos porcentajes, pero de forma engañosa, es la incineración, con la que no estamos de acuerdo, por lo que no se contempla como alternativa.

Lo primero que hará el Consorcio es habilitar dos plantas de transferencia en la comarca, pero ningún Ayuntamiento se ha mostrado voluntario a acoger estas instalaciones. ¿La legislación permite imponer una ubicación?

La Generalitat dispone de mecanismos para facilitar la implantación de las plantas de transferencia, a través del Decreto-Ley 4/2016 de residuos. No obstante, desde la Secretaria Autonómica y la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático estamos trabajando con varios ayuntamientos del Consorcio para estudiar alternativas para ubicar instalaciones. Estamos en una fase donde el trabajo debe ser sigiloso, productivo y técnico.

¿Por qué la Generalitat juega un papel minoritario en los Consorcios en beneficio de los ayuntamientos y la Diputación?

La valorización y eliminación de residuos urbanos, es una competencia local. Por eso, los Consorcios deben estar, mayoritariamente, en manos de las entidades locales de la zona, Ayuntamientos y Diputación.

Los cambios en el modelo de gestión de las basuras han aumentado el coste que pagan los vecinos. ¿Cuánto cree que debería pagar una familia por este servicio?

Cuando hablamos del coste de la gestión de los residuos, debemos saber exactamente qué conlleva ese coste. Pensamos que el coste de gestión integral de los residuos debe ser aquel que contemple un adecuado tratamiento de los residuos urbanos, no más pero tampoco menos. Lamentablemente, en la Vega Baja sabemos lo que es tener un mal tratamiento de los residuos urbanos. Lo barato acaba saliendo caro en materia de gestión de residuos. Deben prestarse todos los servicios de gestión de residuos y con garantías. El precio final sale dependiendo de la inversión a realizar, los costes de explotación, las toneladas anuales y el número de unidades fiscales de cada área de gestión. Los costes de recogida, pueden estar entre 30 y50 euros por vivienda y los de tratamiento entre 60 y 120 euros.

¿Hay alguna forma de reducir esos costes?

Desde la Generalitat apostamos por el principio de «Si más reciclas, menos pagas». Es decir, que aquel que recicle pueda pagar menos. En el caso de los consorcios, a través del reciclado de los ecoparques. Les Corts han aprobado que se informaticen la totalidad de ecoparques de la Comunitat y que se aplique el sistema de descuento económico por reciclado a la mayor brevedad posible. El descuento económico por reciclado, entre 4 y 50 euros por vivienda, según las cantidades recicladas a través de los ecoparques.