La licencia primigenia para construir en la Punta Llisera deriva de un acuerdo plenario de 1988, cuando el gobierno local del PSOE, dio a su primer propietario, Achille Cafarelli, permiso para edificar el que entonces se llamó Coblanca 10. Faltaban escasas semanas para que entrara en vigor la Ley de Costas. Un año después, el mismo alcalde revocó la licencia y la obra quedó parada. En 1996, el Grupo Ballester adquiere el inmueble coincidiendo con dos fallos del Supremo que dan legalidad a los permisos. Pero los trabajos no se retoman hasta 2005, cuando el Consell del PP autoriza echar abajo el antiguo inmueble y levantar las torres actuales. Esa autorización está anulada por el TS desde 2012 y es ahora la que sirve de base para demoler el complejo. R. P.