La Asociación Protectora de Animales Oriolana ha registrado quejas ante el Colegio de Veterinarios y la Diputación de Alicante por el procedimiento en que se está llevando a cabo la campaña de castración de gatos callejeros en Orihuela, financiada por la institución provincial con 6.527 euros. Los animalistas alertan de que pocas horas después de las intervenciones quirúrgicas, los gatos son liberados en la calle cuando ni si quiera han superado por completo los efectos de la anestesia.

«Se suelta a los animales poco después de que sean esterilizados, sin esperar a que se recuperen de los efectos de la sedación, por lo que muchos de ellos, bajo el efecto de la anestesia, quedan desorientados, se dirigen a vías de tránsito y son atropellados. El resultado obtenido no es el del control de las colonias de forma segura y efectiva, sino que en ocasiones se extermina a muchos de ellos», han alertado desde la protectora.

La queja de los animalistas va más allá y relata que para poner en marcha esta campaña, el Ayuntamiento ha contratado el servicio de una clínica veterinaria que está en Orihuela Costa, a casi 30 kilómetros del casco urbano tradicional, por lo que se tienen que hacer continuos desplazamientos para llevar hasta allí a los animales en vez de haber contratado los servicios de varias clínicas para facilitar el trabajo.

Desde la protectora acusan al Ayuntamiento de no estar cumpliendo las condiciones del programa debido a que son los voluntarios animalistas los que, sin ayuda económica alguna y con sus propios medios, se están encargando de capturar a los animales para su posterior castración. A este respecto, explican que los laceros que trasladan a los animales hasta la clínica trabajan de 8 a 15 horas y, cuando los animalistas rescatan a algún felino por la tarde o por la noche, tienen que custodiarlos hasta el día siguiente.

«Según la convocatoria de la subvención de la Diputación, los ayuntamientos deben de aportar los medios para la captura y el traslado de los animales hasta los centros veterinarios» y eso es algo que aseguran que se está incumpliendo.

En los escritos presentados en la Diputación y en el Colegio de Veterinarios lo que se pide es que se exija a la veterinaria del Ayuntamiento, que conoce el problema, «que exista una planificación y coordinación adecuada con la clínica veterinaria que presta el servicio quirúrgico para que los gatos sean liberados cuando hayan pasado los efectos de la anestesia, con el objetivo de preservar la integridad física de los animales y sus derechos». Se solicita igualmente que se dote de jaulas y de un local para que los gatos sean depositados hasta que son trasladados a la clínica, o que esa empresa se encargue de su custodia desde que son capturados. También se pide que haya una mayor coordinación entre todos los entes que participan para realizar este cometido de forma que se pueda gestionar de una manera «eficaz, efectiva y sostenible».