El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes) aceptó ayer el pulso ante las declaraciones de los concejales de Sueña Torrevieja en las que anunciaban su intención de salir del gobierno por falta de confianza. Pidió a Pablo Samper y Alejandro Blanco que renuncien a sus delegaciones, y que lo hagan cuanto antes. El primer edil señaló que «la formación y el trabajo del gobierno se basa en la confianza» y si la han perdido han de dejar sus responsabilidades.

Hoy Samper, que es primer teniente alcalde de Torrevieja, y Alejandro Blanco, no han acudido a la junta de gobierno por decisión propia. En ese órgano colegiado se adoptan la mayoría de las decisiones de relevancia de la gestión semanal de un ayuntamiento de gran población, como es el de Torrevieja.

A preguntas de INFORMACIÓN, el alcalde José Manuel Dolón concretó que las áreas que son de responsabilidad de ambos ediles, entre ella Deportes, Cultura y Obras y Servicios no pueden paralizarse. Lo dijo en alusión al hecho de que Sueña Torrevieja ha dejado a expensas de una asamblea del partido el análisis de su abandono de la coalición. Aunque no lo dijo textualmente, José Manuel Dolón, sugirió ayer que si la situación no se reconduce y los concejales no expresan pronto cuál es su decisión definitiva será la Alcaldía el que los destituya de sus competencias. Algo que por otra parte fue su primer impulso tras la rueda de prensa del partido independiente, según fuentes municipales.

Como única reacción de Sueña Torrevieja a estas palabras fue ayer la remisión de una nota en la que indicaban que hoy han convocado a una reunión a la militancia a la seis de la tarde y que el 15 de octubre celebrarán el congreso del partido, sin especificar si la decisión de abandonar o no el gobierno local se adoptará hoy. Lo que sí ha trasladado Samper es que quiere trabajar en gestiones importantes de las áreas de su responsabilidad y culminarlas. Esta misma mañana tiene previsto acudir a la reunión de la plataforma de padres de las escuelas deportivas, junto al alcalde.

Por su parte, Dolón subrayó ayer que el elemento «esencial» para la formación y la continuidad de un gobierno es «la confianza» que tiene que ser «mutua y recíproca» y «siendo coherentes» y «por sentido común» lo que tendrían que hacer Sueña Torrevieja es «renunciar a las delegaciones que el alcalde les otorgó basándose en la mutua confianza». «Sin confianza» no se puede trabajar, reiteró. Y aseguró que «tampoco se puede trabajar con unas personas que dicen que ya no tienen confianza y eso es algo que no lo puede decidir una asamblea». También dijo que cuando «uno da un paso ha de acabar el recorrido», en una decisión para la que el alcalde pidió celeridad porque «no se puede mantener la incertidumbre en el tiempo, si ellos no dan el paso, el Gobierno tomará las medidas oportunas».

«La ciudad requiere decisiones serias, contundentes y enérgicas», por lo que reclamó a «estos compañeros de gobierno» que concreten la decisión «cuanto antes porque están al frente de delegaciones muy importantes y esa renuncia no puede prolongarse bajo ningún concepto en el tiempo». El resto de concejales del gobierno, diez en total, están «dispuestos a asumirlas», dijo. Sobre las escuelas deportivas de, que ha sido el desencadenante de esta crisis de gobierno -«pequeño desencuentro» lo calificó ayer el primer edil, optimista- el dijo que «era necesario levantar un reparo» para poder continuar con las escuelas tal y como se había planteado el contrato inicialmente. Una decisión que «podría tener con consecuencias penales».

Antes el alcalde se reunió con los padres y les dijo que tenían que entender que él no podría levantar el reparo ni podría pedirle a un concejal que asumiera esa responsabilidad, que puede acarrear una pena de cárcel: «Esa foto no la quiero para mí ni para ningún concejal». Entonces se realizó, en el mes de agosto, una nueva propuesta, dijo Dolón, acordada con el departamento de Intervención que incluía la subvención a los clubes para que pudieran gestionar las escuelas deportivas y que permitiría, igual que sucede con el transporte escolar, que quienes no tienen recursos no paguen nada. Los padres mostraron su oposición a la nueva forma de gestión que se planteaba y anunciaron una manifestación.

El alcalde tachó como una «huida hacia delante» del concejal de Deportes el anuncio de que el servicio se mantendría como estaba -algo que desactivó la manifestación el mismo día que estaba convocada y «que no era posible», según Dolón y que además «incluía la necesidad de que el alcalde firmara una carta dirigida a la adjudicataria asegurando que la empresa y los trabajadores iban a poder seguir prestando sus servicios sin contrato». El contrato con Ferrovial termina esta semana. Los monitores, en torno a 40, contratados a tiempo parcial, ya han recibido la comunicación de despido.

Soluciones

El alcalde fue entonces consciente de que no se podía mantener ese planteamiento porque suponía «llevar a cabo una cesión ilegal de trabajadores» una especie de «puerta falsa» con la que los trabajadores podían acabar dependiendo del Ayuntamiento y que podía costarle la inhabilitación.

También desveló que el expediente de contratación que se había estado tramitando por parte de los técnicos no se ajustaba a la ley. Algo que, por otra parte, el PP advirtió al concejal de Deportes, que lo elaboró en colaboración con sus técnicos, ya advirtió públicamente hace meses. Dolón tramitó una consulta a la Junta Superior de Contratación Administrativa y está pendiente de la respuesta para plantear otras salidas, «dando la cara e informando a los padres abiertamente». El pasado martes se celebró una reunión con los padres, en la que estuvieron presentes el alcalde y el concejal de Participación Víctor Fernández, «en la que el edil de Deportes no compareció». Hoy se celebra un nuevo encuentro en el que el alcalde expondrá las posibilidades que abre la respuesta del citado organismo.

La solución podría pasar por subvencionar el funcionamiento de los clubes de las Escuelas Municipales con una dotación presupuestaria aportada mediante una modificación de crédito, mientras se redacta el nuevo pliego de condiciones ajustado a la legalidad.