El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas ha ordenado la paralización de los movimientos de tierra, roturaciones y abancalamientos del paraje de Lo Zafra. La decisión ha llegado casi una semana y media después de que se iniciaran las obras y a través de un decreto de Alcaldía reclamado por la edil de Medio Ambiente, Maria José Costa Medrano.
El Ayuntamiento reclama a la empresa promotora, la firma Viloru, que realice antes de continuar las obras un estudio paleontológico y de afección de la actuación prevista al yacimiento arqueológico del Cabezo de La Mina, inventariado en la zona en la que se está roturando, para valorar el grado de impacto al patrimonio arqueológico de los movimientos de tierra que se están realizando de la zona.
La administración local, tras una semana desoyendo las advertencias de los colectivos ecologistas, ha actuado también cuando ha tenido constancia de que los hechos habían sido trasladados ante la Fiscalía de Medio Ambiente en la jornada ayer, tanto por parte del Servicio de Protección de la Guardia Civil como por parte de la Asociación de Amigos de Sierra Escalona (ASE). Existía la posibilidad de que se señalara al gobierno por su inactividad en este asunto por una supuesta omisión de perseguir el delito.
Las obras supuestamente irregulares en Lo Zafra, un paraje forestal, de matorral y cultivos de secano, en el ámbito de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, suman ya una historia de varios meses. Comenzaron sin ningún tipo de autorización municipal en enero de este año. En mayo, con una licencia de movimiento de tierra fueron paralizadas porque el promotor de la actuación no realizó un deslinde entre la zona forestal y la agrícola; y ASE denunció que estaba afectando a la zona forestal, a un área documentada de la cría de búho raeal y al yacimiento inventariado y datado en la Edad del Bronce del Cabezo de La Mina. Tras varios meses de paralización, como recogió este diario, la empresa obtuvo autorización a principios de septiembre por parte de la Generalitat para reiniciar la actuación con la delimitación entre el suelo agrícola y el forestal que no se había llevado a cabo antes. Sin embargo, esa resolución no tenía en cuenta los informes científicos aportados por ASE al Ayuntamiento y el Seprona en el que se advertía de la presencia de valores ambientales y patrimoniales a salvaguardar de la roturación. La Generalitat, como recogió este diario, no tuvo en cuenta su propia legislación ambiental y la de patrimonio que indica expresamente que cualquier zona en la que se presuma la presencia de restos arqueológicos debe ser sometida a un estudio previo, lo que conlleva una paralización de obras en caso de que se hayan iniciado.
Campo de tiro
El decreto de paralización se hizo ayer efectivo a mediodía y se comunicó a la propiedad que sin embargo, tal y como pudo comprobar ayer este diario siguió con las obras con maquinaria de gran tonelaje en una de las parcelas, por lo que los agentes de la Policía Local de San Miguel, por enésima ocasión en los últimos meses, tuvieron que acercarse a reclamar que se paralizaran en cumplimiento del decreto del alcalde Ángel Sáez (PP).
Los colectivos conservacionistas insisten en que los promotores de la roturación, que sobre el papel mantienen que su objetivo es plantar cereal de secano y después garroferos y almendros, tienen como objetivo final poner en marcha uno de los campos de tiro más grandes de España. Los promotores de esta primera iniciativa, que no ha llegado a plasmarse en un proyecto en el Ayuntamiento en ningún momento y que en suelo no urbano necesitarían una declaración de interés comunitario, aseguraron hace unos meses que iban a desistir del proyecto ante la polémica suscitada.
