El grupo municipal socialista de Benferri ha aprobado una propuesta para pagar con dinero público el coste del abogado del alcalde, Luis Vicente Mateo, para que lo represente en los dos procesos judiciales en los que está siendo investigado. En el momento de la votación de este acuerdo el regidor se ausentó, puesto que le afecta de forma directa, y se produjo un empate entre los cuatro ediles restantes del PSOE y los cuatro del PP. Tras esto, el secretario accidental permitió una segunda votación en la que el voto del primer teniente de alcalde, Nazario Francisco Sola, contó como doble, por lo que la medida fue finalmente aprobada.
Esta maniobra fue cuestionada ayer por la oposición popular, liderada por Bernardo Mira, que consideró que es irregular. Esgrimió que el artículo 21.3 de la Ley de Régimen Local establece que «el alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir el Pleno y la Junta de Gobierno o decidir los empates con el voto de calidad», entre otras.
Es por ello que el PP anunció ayer que llevará este asunto a la Fiscalía Anticorrupción, tal y como hizo con los dos asuntos que motivaron la apertura de sendas causas judiciales para las cuales el regidor ha solicitado que se le pague el abogado con fondos municipales. Los populares explicaron además que el secretario accidental de Benferri avaló esta medida y recordaron que también él está siendo investigado en uno de los casos que salpican al alcalde y, de igual modo, ha pedido que se le paguen letrado a cargo del consistorio.
Luis Vicente Mateo está siendo investigado en dos casos. Uno de ellos corresponde a la supuesta manipulación de documentos del registro de entrada del Ayuntamiento, de donde desaparecieron tres informes registrados por el secretario mediante los que se ponía reparos al pago de dietas y desplazamientos del regidor por no estar justificados de forma correcta. En el otro se investiga la posible responsabilidad del alcalde al permitir la construcción de siete chalés en una zona verde. El TSJCV sentenció que la administración local modificó las Normas Subsidiarias urbanísticas para tratar de legalizar las viviendas levantadas de forma irregular para favorecer los intereses de un promotor. Ese fallo judicial motivó que el PP presentara una denuncia para que se depuraran responsabilidades penales.
