El equipo de gobierno de coalición de cinco partidos de Torrevieja decidió el 8 de junio pasado aprobar la caducidad de un expediente sancionador por importe de 2.228.384 euros contra Acciona Acciona. Solo seis días antes de verse en la obligación de solicitar a la misma mercantil que se hiciera cargo, sin contrato, de la limpieza y recogida de basura. La multinacional podía haberse negado a prestar el servicio. Había agotado los diez años de la adjudicación y las dos prórrogas, y la interventora había puesto un reparo de nulidad a la posibilidad de una nueva prórroga tácita.
La junta de gobierno, en el mismo punto, decidió iniciar otro expediente de recisión y multa a la mercantil. El quinto de las mismas características -todos los anteriores, con el PP, corrieron la misma suerte-. Y todos se basaron en la misma premisa: el incumplimiento del pliego de condiciones por parte de Acciona exigía la imposición de la sanción y la recisión de la contrata. Desde 2004, fecha en la que se adjudicó la contrata, a 2010 la empresa realizó el servicio sin contar con las instalaciones fijas de transferencia de basura ejecutadas. Esas infraestructuras fueron improvisadas por la mercantil en un recinto que no contaba con licencia ambiental en La Marquesa. Cuando el Ayuntamiento constató esa carencia, a finales de 2010, comenzó a desquitar el equivalente a la inversión en esas instalaciones fijas en el canon que recibía Acciona, y realizó el cálculo de cuánto había pagado de más entre 20014 y 2010. Esos 2,2 millones de euros. Una carencia que justificaba rescindir la contrata.
La junta de gobierno, avalada con los informes de la oficial mayor, la secretaria y el ingeniero supervisor de la contrata y a instancias de la secretaria de junta, Fanny Serrano, decidió la caducidad, porque desde el momento en el que se inició el procedimiento hasta que pasó por junta se rebasó el tiempo estipulado por la legislación de procedimiento administrativo para resolverlo.
Cada vez que se impulsa este expediente sanción y recisión debe elevarse al Consejo Jurídico Consultivo, pese a que su dictamen siempre dice lo mismo. Que la empresa incumple el pliego, que debe dejar de prestar el servicio y sancionarse. Sin embargo, llega tarde al punto final de aprobación.
El 13 de junio, horas antes de que expirara la última prórroga, Acciona aceptó por escrito una paradójica fórmula de relación «contractual sin contrato» con el Ayuntamiento, en la que mantenía las mismas condiciones que en la adjudicación, a excepción de imponer el pago por servicio mensual y no anual. Fuentes del equipo de gobierno desvincularon ayer la aprobación de la caducidad con la necesidad del Ayuntamiento de recurrir a Acciona días después.
Crítico
La previsión del alcalde José Manuel Dolón -cuando asumió el cargo en junio de 2015- era llegar a la fecha vencimiento de la concesión a Acciona con una nueva contrata o con el proceso de municipalización ya cubierto. Ninguna de las dos cosas se daban el 13 de junio, con un verano a punto de comenzar en el que llegan a acumularse hasta 200 toneladas de residuos diarias. Fue una reunión extraordinaria de junta de gobierno de la que no se informó a los medios de comunicación y en la que estuvo presente como invitada una edil del PP.
El primer edil ha sido muy crítico con la gestión de la empresa, que antes y durante la concesión logró numerosos contratos de obra pública en Torrevieja. Llevó a la judicación al juzgado, lo que derivó en una condena de tres años de cárcel al exalcalde Pedro Hernández-; no tuvo más opciones que recurrir a la misma empresa.
Si la mercantil se hubiera marchado de Torrevieja, algo que podía haber resuelto, porque su decisión era unilateral y no condicionada por la administración local, al no contar con ninguna relación contractual con el Ayuntamiento, la administración local se hubiera visto en la tesitura de asumir la recogida, con la maquinaria antigua de la empresa y sin empleados para realizar el trabajo.
