Adrián tiene 13 años y ayer fue su primer día como alumno en el IES Les Dunes de Guardamar. El menor sufre una discapacidad motora del 65% y no pudo comenzar las clases el 8 de septiembre porque la Conselleria de Educación no había cubierto la plaza de educador especial que precisa. El problema no se ha solucionado y el Ayuntamiento ha contratado ahora a una cuidadora para que lo ayude y que no siga perdiendo clases, pero su familia reclama a la Generalitat que se cubra cuanto antes ese puesto con una persona cualificada. Exigen que el niño tenga las atenciones que precisa y que se garantice su derecho a poder acudir al centro educativo.

La madre del menor, Carmen Verdú, explicó ayer que el niño ha contado con un profesor de apoyo específico durante el ciclo de primaria y desde abril de 2016 dispone de una carta de la Generalitat que certifica que el menor debía de empezar el curso con un educador especial. Al tener reconocido este derecho, su familia pensó que no habría ningún problema y el día 8 de septiembre lo acompañó al instituto para comenzar el curso. «Pero a las 11 de la mañana me llamaron para decirme que no había profesor de educación especial para él y que en esas condiciones no podía estar en el centro», relata la madre. Eso es algo que Carmen Verdú comprende, porque si hay algo de lo que está segura es de que el instituto está haciendo todo lo posible para que Adrián disponga de los medios que necesita. Pero lo cierto es que la pelota está en el tejado de la Conselleria de Educación, que tiene la responsabilidad de solventar esta situación. «No hay derecho a lo que le están haciendo a mi hijo», dice la madre.

Carmen explica que su hijo tiene una discapacidad motora del 65% que todavía no ha sido diagnosticada con exactitud, aunque se sospecha que es una patología muscular. El niño no tiene ninguna discapacidad psicológica pero precisa ayuda para cuestiones tan básicas como ir al aseo o que le ayuden a la hora de organizarse en clase, puesto que él lo hace todo a través de un ordenador porque tiene la movilidad muy reducida. Además, todavía no tiene una silla de ruedas mecánica, por lo que tampoco puede moverse por el centro escolar de forma autónoma.

La movilización social y el hecho de ver que el problema no se solucionaba obligó al Ayuntamiento a adoptar esa solución de urgencia, pero la familia lo que quiere es que el niño disponga del recurso que necesita y al que tiene derecho.

El caso se Adrián ha tenido una gran repercusión en Guardamar en los últimos días a raíz de una publicación realizada en Facebook por su hermana, Alexia Ortiz, que estudia segundo de Bachillerato en el mismo centro. La misma denunció que su hermano estaba perdiendo horas lectivas y se le estaba privando del derecho a recibir una educación, lo que motivó un gran respaldo social.

Según la familia del menor, lo que alega la Generalitat es que ningún profesor ha querido ocupar esa plaza vacante, algo que ponen en duda porque «todos sabemos la cantidad de gente que hay en las bolsas de trabajo de educación esperando a ocupar una plaza».