El Ayuntamiento de Orihuela ha reclamado una indemnización de más de 11 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a la trama de políticos y empresarios que supuestamente orquestó el amaño de la adjudicación de la contrata de basuras del municipio. La investigación por estos hechos dio origen al caso Brugal, dividido después en hasta 17 piezas, siendo la relativa al municipio oriolano la que sentará próximamente en el banquillo de los acusados a los exalcaldes José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del Partido Popular (PP). El primero de ellos es valedor de algún edil del actual equipo de gobierno. El Ayuntamiento está personado en la causa como acusación particular y pide una pena de cuatro años y un día de cárcel para cada uno de los exregidores, a los que acusa de los presuntos delitos de prevaricación, fraude y cohecho, mientras que para el empresario Ángel Fenoll solicita hasta 28 años de prisión.
El escrito de acusación se ha presentado en el juzgado de primera instancia Número 3 de Orihuela, que instruye la causa contra la treintena de personas acusadas por su presunta participación en los hechos entre políticos, familiares de éstos, empresarios y funcionarios. La cantidad económica reclamada se explica por los daños y perjuicios causados a la administración local y por mantener el servicio de residuos durante años con empresas ligadas a Fenoll sin haber realizado el obligatorio concurso público y, después, por adjudicárselo mediante presuntos amaños.
En concreto, se piden 128.026 euros por los gastos de la administración local en la petición de informes relativos a estos hechos; 7.861.159 euros, que son los que reclama la mercantil Urbaser a consecuencia de dejar desierto el concurso de la recogida de residuos que más tarde se le adjudicó a Fenoll a través de presuntos testaferros; y otros 3.297.676 euros como lucro cesante o valor de la ganancia dejada de obtener por el Ayuntamiento a modo de beneficio industrial de las mercantiles Colsur, Proambiente y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Orihuela Capital de la Vega Baja sobre los ingresos obtenidos del Ayuntamiento desde el año 2005.
Por todo ello, la administración local ha pedido al órgano judicial que señale como responsables civiles subsidiarios a las mercantiles, empresarios y políticos imputados en el procedimiento, incluidos los dos exalcaldes, y que también se les condene a pagar todas las costas del proceso.
Invalidar el contrato
La letrada que llevaba el caso al Ayuntamiento, Cristina Hernández, ha pedido igualmente al juez en el escrito de acusación que se declare la invalidez o nulidad de la firma del contrato rubricado entre Mónica Lorente y la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, ligada a Ángel Fenoll, que se adjudicó el concurso de las basuras y realizó servicio hasta 2012, cuando lo rescató el gobierno de Monserrate Guillén (Los Verdes).
Tras esto, una de las tres empresas que conformaban esa UTE, llamada Valoriza Servicios Medioambientales (antes Sufi), reclamó una indemnización al consistorio de 12.805.869 euros. Y ahora la abogada municipal ha pedido también que se anule el contrato y que, por tanto, quede sin efecto dicha reclamación económica.
El escrito de acusación determina igualmente que «con la intención de obtener influencia en el consistorio oriolano para sus propios intereses, Ángel Fenoll intervino en el proceso electoral (2007) a favor del Partido Popular ... sufragando gastos electorales porque su victoria podría favorecer sus intereses». Un año después de que Lorente llegara a la Alcaldía fue cuando ese jugoso contrato acabó en manos del citado empresario.
«Intereses personales»
La abogada señala de igual forma que la actuación de los dos exalcaldes y otros concejales y técnicos del Ayuntamiento ligados a estos hechos estuvo orientada a «favorecer sus intereses particulares, alejados del interés público... ocasionando un resultado injusto y perjudicando el interés general». Todo ello por recibir supuestas contraprestaciones de Ángel Fenoll como contratar en sus empresas a familiares de los políticos, financiar actos electorales o entregas de dinero a políticos, a los que grababa en conversaciones comprometedoras para luego extorsionarlos, siempre según el escrito de acusación.
El resultado de presentar ante el juez este escrito que pone en entredicho las supuestas maniobras del PP ha sido que el actual equipo de gobierno de Orihuela, liderado por Emilio Bascuñana, también del PP, ha decidido despedir a la letrada Hernández, que estaba al frente del caso desde su inicio, para poner a otro abogado sobre el que dicen tener una «mayor confianza», el letrado José Miguel Porras.
Esa decisión ha sido duramente criticada por la oposición de Cambiemos Orihuela, que cree que lo que pretende el gobierno local es ser más laxo con los procesados en esta rama del caso Brugal, porque son de su mismo partido y, en definitiva, tratan de que el fango de la supuesta corrupción ligada a todo este caso salpique algo menos a su formación.
La investigación judicial del caso Brugal surgió a raíz de que el Ayuntamiento, gobernado por José Manuel Medina, adjudicara provisionalmente el servicio de recogida de residuos a Urbaser. Nada más conocerse el resultado de la adjudicación, el empresario Ángel Fenoll difundió unas grabaciones que destapaban un supuesto amaño en el que estaría implicados algunos concejales. Pero con la llegada de Mónica Lorente al poder, el concurso se dejó desierto y, al realizar una nueva licitación, el servicio acabó en manos de Fenoll a través de testaferros. No obstante, la Fiscalía ya estaba investigando e intervino decenas de teléfonos y conversaciones que sacaron a flote toda esta trama corrupta.
