El juzgado de Instrucción 2 de Orihuela ha decretado la apertura de juicio oral, ante un jurado popular, para el exalcalde de Bigastro entre 2009 y 2011, Raúl Valerio Medina Lorente (PSOE), por supuesta malversación de caudales públicos, al considerar irregular el uso que hizo de la tarjeta de crédito municipal durante su etapa al frente del municipio. Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia de la que fuera alcaldesa del municipio el pasado mandato, Rosario Bañuls (Partido Popular), y también se dirigen contra el que fuera secretario e interventor, Antonio Saseta.
El acusado se declaró inocente en declaraciones a INFORMACIÓN cuando saltó aquel escándalo y afirmó que buena parte de los pagos -como supermercados- que se le atribuyen con la tarjeta se realizaron para pagar material de limpieza del Ayuntamiento después de que por la mala situación de las arcas públicas no pudiera adquirirlos de otra forma.
En el auto, el juzgado explica que es el fiscal el que mantiene la acusación después de la vista preliminar en la cual el letrado de la defensa solicitó el sobreseimiento de las actuaciones por «no existir ánimo de apropiación», aseguraba. Por lo que se refiere al fedatario público, también se pidió el archivo de las diligencias con el argumento de que no había participado en los hechos y considerarse su conducta, «una omisión no imprescindible para la comisión de los hechos y carecer de control sobre los actos de disposición realizados con las tarjetas de crédito».
El magistrado rechaza el sobreseimiento y declara la apertura de juicio oral para ambos y que, por tratarse del delito que se trata, se hace ante un jurado popular en la Audiencia, algo difícilmente de ver para delitos que no son de sangre como es éste. En su escrito de apertura de juicio añade que la tarjeta no consta cuándo y cómo se decidió que se emitiera para los gastos de representación del regidor. Entre enero de 2009 y mayo de 2011, «Raúl Valerio realizó pagos por 22.921,58 euros sin justificar la necesidad ni el destino de los mismos, constando que dichos pagos no fueron aplicados a hacer frente a necesidades públicas, siendo gastos realizados, prácticamente en su totalidad, en bares y restaurantes sin justificación previa ni posterior de la realización de los mismos ni como funciones de representación ni en concepto de dietas justificadas».
Fiscalización
Y sobre el secretario, mantiene el magistrado, que debe ser también juzgado por su condición de interventor por lo que «tenía pleno conocimiento de su función esencial de control del gasto y fiscalización de la gestión económico-financiera del consistorio (y), omitió dicha obligación no realizando ninguna función de control previo ni posterior (...) asumiendo como válidos los gastos realizados durante dicho periodo sin que se aportara justificación alguna a los mismos».
