La Inspección de Trabajo ha requerido al Ayuntamiento regularizar como personal no fijo indefinido en su plantilla la situación de 124 empleados contratados a dedo, durante sucesivos mandatos bajo gobiernos municipales del PP. Y el rechazo a los presupuestos, de los populares y Ciudadanos, ha evitado ese proceso. Lo desveló ayer el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), que atribuyó la responsabilidad de la falta de regularización de estos trabajadores al voto en contra al proyecto de presupuestos de 2016 el pasado viernes de los trece concejales del PP (11) y Ciudadanos (2).
El primer edil dio detalle sobre el expediente de la Inspección después de la sesión plenaria y no antes. De hecho, este asunto apenas ocupó un par de frases en la sesión -tampoco la oposición defendió o rechazó esa adaptación-. Se liquidó diciendo que un número de trabajadores que aparecía bajo la categoría de funcionarios debían pasar a laborares. Nada del expediente ni de origen.
El origen de la actuación de Trabajo, que afecta a casi el 20% del total de la plantilla del Ayuntamiento, está en una denuncia de dos trabajadores despedidos en la Agencia de Desarrollo Local, ahora reincorporados por sentencia judicial, que, siempre según apuntó ayer el primer edil, llevaron a la Inspección el hecho de que ellos dejaran de prestar sus servicios, con contratos encadenados durante más de una década por un problema burocrático de la subvención que pagaba sus sueldos, y prescindieran de ellos; pero otros cien empleados públicos pudieran mantener su puesto de forma irregular. Sin ningún tipo de proceso selectivo que valorase el mérito y capacidad de quienes desempeñan el puesto. Sin respetar, la legislación laboral y el estatuto de los trabajadores.
Fraude de ley
Dolón dijo que el PP utilizó de forma masiva el «enchufismo» para la colocación de un gran número de personal laboral municipal «usando el fraude de ley como mecanismo habitual». Se formalizaba el contrato temporal, utilizando algún examen o prueba de acceso y se prorrogaba el máximo tiempo permitido. Una vez agotado ese periodo y con el informe en contra de los técnicos advirtiendo que no se podían producir nuevas prórrogas, ya que en caso contrario el trabajador adquiriría la condición de fijo, de forma absolutamente irregular.
«El político responsable, del PP, hacía caso omiso y el trabajador adquiría la condición de forma absolutamente irregular», dijo ayer Dolón. En total son 29 trabajadores contratados por obra o servicio, y 95 contratos de interinidad cuya duración ha excedido tres años y que deben figurar como personal laboral indefinido no fijo y no como funcionario. Ahí es donde entró la Inspección de Trabajo. La reacción inicial del jefe de Recursos Humanos a la hora de dar respuesta sobre esta situación fue la de asegurar que solo los trabajadores que tuvieran la reconocida la condición de indefinidos no fijos por sentencia judicial se asumirían como tales en la plantilla.
Cuando la Inspección insistió e Intervención municipal dio la razón al organismo de control laboral, Recursos Humanos cambió radicalmente de criterio e informó conminando al alcalde a hacer cumplir la resolución. Eso es lo que se llevó al pleno con las cuentas y lo que se ha rechazado. El Ayuntamiento se expone a una multa de unos seis mil euros por incumplir la notificación de Trabajo.
