El equipo de gobierno de Orihuela, liderado por Emilio Bascuñana (PP), ha tomado la decisión de destituir a la abogada que defendía al Ayuntamiento en el caso Brugal, Cristina Hernández, y contratar al letrado José Miguel Porras para tratar de proteger a los expolíticos implicados del Partido Popular. Ese es el balance que hizo ayer el portavoz de Cambiemos Orihuela, Karlos Bernabé, que tildó esa decisión de «irresponsable e indecente» cuando el juicio que sentará en el banquillo a dos exalcaldes -José Manuel Medina y Mónica Lorente- y a otros concejales se encuentra cada vez más cerca.
El concejal recordó ayer que el consistorio está personado como acusación particular en esta causa, es decir, que en el juicio actuará contra los implicados en la supuesta trama de corrupción que se organizó entre empresarios y políticos para amañar la contrata.
«Ha sido una decisión grave, irresponsable e indecente y desde el punto de vista político e ideológico está pensada para enfocar los intereses personales de quienes muy posiblemente participaran en la corrupción de nuestra ciudad en los últimos años», dijo el edil.
Bernabé valoró que como no hay ninguna explicación racional ante este hecho, el portavoz municipal, Rafael Almagro, dijo que era «por falta de confianza», lo cual «nos suena a que quieren controlar hasta el final lo que hace o deja de hacer el abogado para no ir contra sus propios aliados».
«Saqueo»
«Nosotros creemos que algo tendrá que ver el hecho de que en 2012, cuando Bascuñana se postulaba para presidir el PP, uno de sus valedores y de los que le ayudó fue José Manuel Medina». «Es muy grave que el alcalde esté anteponiendo el interés particular de quienes muy posiblemente contribuyeron al saqueo de Orihuela antes que los intereses generales de la ciudadanía», prosiguió.
Bernabé valoró que «perjudicar, obstaculizar, boicotear o romper el ritmo de la acusación particular en la causa contra quienes han saqueado el Ayuntamiento, lo que va a hacer es darles alas». Por todo ello, el concejal de Cambiemos instó al regidor que dé «explicaciones claras y concisas y que toda la documentación que obra en poder de la Alcaldía a la que se puedan haber aferrado para tomar esta decisión sea de acceso público, porque no alcanzamos a entenderla».
