Desde que el pasado marzo la Fiscalía Anticorrupción abriera la caja de los truenos, dando a conocer las penas que solicitaba para todos los imputados en la pieza más importante del caso Brugal, la que hace referencia al supuesto amaño del concurso del Plan Zonal con la implicación del entonces presidente de la Diputación, José Joaquín RipollJosé Joaquín Ripoll, y de la que fuera alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente; o de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, han pasado cinco largos meses y es difícil saber en qué punto de la instrucción se encuentra y, lo que es más importante, cuánto queda para que la magistrada Ana Belén Cordero dé por cerrada esta fase del proceso y abra la definitiva: la fase de juicio oral.
La investigación por este asunto se abrió hace ya cinco años y el pasado julio el fiscal Pablo Romero, en un escrito al juzgado, dejaba entrever su hartazgo por cómo las defensas están dilatando todo lo posible este procedimiento, evidentemente, dentro de lo que es su derecho y porque a la larga, y en el peor de los casos para ellas, como sería si hay una condena, podrían alegar las dilaciones indebidas del procedimiento para reducir las penas.
Buena prueba de todo ello se observa si se sigue lo que ha ocurrido con este escrito del acusador público desde que tuvo entrada en el juzgado el 16 de julio. De él dio cuenta la secretaria para su remisión a las partes el 23 de agosto y se notificó el 1 de septiembre: mes y medio. Es cierto, por medio estaban las vacaciones de verano, pero el asunto que da origen al mismo nació en abril; es decir, hace cinco meses.
El escrito de Romero es uno más de los que el fiscal ha utilizado durante los últimos años para contestar y recontestar a la veintena de abogados con los que «se enfrenta» en este procedimiento. En ese, por ejemplo, respondía a un recurso de apelación de los letrados de Mónica Lorente y Rafael Gregory contra un auto de fecha 5 de mayo por el cual solicitaban ampliar el plazo para la presentación de sus escritos de defensa.
Los abogados argumentaban un trato «discriminatorio» porque se les había dado diez días para formular el escrito de acusación (en este caso el de defensa). Y aseguraban que en el auto por el cual se abrió el procedimiento abreviado, tanto al fiscal como al resto de acusaciones, que fue el 2 de febrero, la magistrada les había concedido un plazo de 20 días para formular escrito de alegaciones. Y no estaban de acuerdo con que a ellos les dieran la mitad de días.
Vertedero
Y, como tantas otras veces, Romero tuvo que responder a dicha petición -rechazándola, evidentemente- demostrando que se sabe el sumario al dedillo, tanto que a veces no puede ocultar su enfado por el uso de estas dilaciones que llega a tildar en el escrito de «ficciones jurídicas». Y, para justificarlo, relata qué ocurrió con aquel auto de febrero en el que se daba 20 días a las acusaciones que acaba con su escrito de julio. Éste comenzó a contar el día 5, cuando se le notificó al colectivo Albatera No al Vertedero. Tres días más tarde, el día 8, llegó copia al fiscal y al resto de acusaciones -el Consorcio y la Plataforma Granja-Cox-. Ese día no sólo tenían copia del mismo las acusaciones, también las defensas, recuerda. Los escritos se presentaron de marzo y, entonces, se dio traslado de ellos a las defensas, lo que ocurrió el 1 de abril. Seis días más tarde, la magistrada dictó el auto de apertura de juicio donde establecía ese plazo de diez días para que los abogados se defendieran de él. La mitad de plazo que a las acusaciones. Ese era el fondo de la queja.
Pues bien, cuando el fiscal el 16 de julio contestaba al recurso de los letrados recordando que «el citado plazo (de diez días) no se había iniciado a computar»... y ya habían dispuesto para hacerlo de tres meses y medio. Y eso había sido así porque varios de los letrados, entre ellos el de Rafael Gregory, pidió y así se acordó que el traslado para formular escrito de defensa se realizara para todas las partes conjuntamente una vez que todas hubieran sido notificadas personalmente del auto de apertura de juicio oral. Y reitera el fiscal: «Extremo que hasta la fecha no se ha cumplimentado, por lo que todavía no se ha iniciado a computar el citado plazo»... de diez días.
Todo ello lleva a Romero a rebatir esas «supuestas vulneraciones y tratos discriminatorios» que alegan las defensas y dice que no son más que «ficciones jurídicas, puesto que han dispuesto de todo el material necesario para presentar sus escritos desde el 1 de abril de 2016, cuando se les dio traslado de los de las acusaciones y, en particular, desde el 7 de abril» cuando se les notificó la apertura de juicio porque ese día ya sabían lo que había. Y concluye y reitera de nuevo: «Han dispuesto hasta la fecha de casi cuatro meses para preparar y presentar el citado escrito sin que todavía se haya iniciado el cómputo de los diez días para presentar escrito de defensa». La contestación a dicho escrito del fiscal, el que se firmó el 23 de agosto y se notificó el 1 de septiembre, lleva ahora camino de la Audiencia porque tiene, en definitiva, que resolverse si se ha vulnerado el derecho de defensa en los plazos para contestar a un auto judicial que se dictó hace seis meses y que aún no ha comenzado a contar.
