El área de Educación está ultimando el ya famoso informe que remitirá a los centros educativos de Torrevieja que permita a los directores «abrir la mano» y certificar la excepcionalidad de las solicitudes de muchas de las familias que el año pasado sí contaban con transporte oficial. El documento debe certificar que los recorridos entre ciertas zonas de Torrevieja y los institutos y colegios no son seguros a pie o bicicleta, lo que exige un transporte oficial, aunque la distancia que arroje la aplicación que ha utilizado el Consell no sea los tres kilómetros mínimos que recoge la resolución de la Conselleria de Educación como requisito. La mayor parte de los directores de centros más afectados por el recorte no tienen nada claro que deban responsabilizarse de revisar las solicitudes avalados por ese informe municipal. A día de hoy no han recibido orden ni sugerencia de los inspectores o de la dirección territorial para permitir más becas en función de esa excepcionalidad.
La dirección territorial aseguró al Ayuntamiento que sería «flexible». En el origen de este recorte encubierto del servicio está el hecho de que durante el curso pasado el transporte oficial sirvió para reparar el golpe que supuso encarecer el transporte no oficial que gestionaban las asociaciones de padres. Una parte importante de las familias afectadas en ese momento pudieron garantizarse el transporte con la prestación de la Generalitat. Algo que contó con la complicidad del nuevo gobierno en el Consell que conoce ya el coste anual de cada una de las líneas: Al menos 150.000 euros por curso.
