Nadie sabe a ciencia cierta cuánta basura existe enterrada de forma irregular basura enterrada irregular en fincas de la pedanía oriolana de La Murada. Las catas realizadas sobre el terreno determinaron que existen todo tipo de desechos, desde material electrónico hasta residuos sanitarios, pero se desconoce el volumen total de los desperdicios que se ocultaron sin ningún tipo de control sobre diversos terrenos. Se calcula que existen al menos un millón de toneladas bajo tierra, aunque no se tienen datos sobre algunas de las parcelas en las que también habría basura. La investigación judicial por estos hechos se inició hace más de cuatro años y recientemente el juzgado de instrucción Número 3 de Orihuela ha decretado la apertura de juicio oral para sentar en el banquillo a los supuestos responsables de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. El caso se ha trasladado ahora a la Audiencia Provincial.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de entre cinco y siete años de prisión para todos los integrantes de la trama, capitaneada supuestamente por los empresarios Ángel Fenoll y Francisco Poveda. Ahora bien, en su escrito de acusación, el representante del Ministerio Público reconoce que no consta la cantidad de desechos total que habría sepultados en al menos dos parcelas.
Tras las comprobaciones realizadas y el análisis de muestras, se determinó que la basura se enterró en diversas fincas. Se abrieron zanjas y los camiones fueron abocando desperdicios que están enterrados a una profundidad de entre uno y seis metros. Después se cubrió con una capa de tierra vegetal y en algunos de los terrenos se plantaron después limoneros. Eso es lo que sostiene el fiscal en su escrito de acusación, que admite que en las parcelas número 29 y 123 del polígono de La Murada «no constan estimadas las toneladas vertidas».
En La Murada sospechan que la basura que durante años han venido enterrando empresarios sin escrúpulos para ahorrar costes y maximizar sus beneficios podría no acabar ahí. Los vecinos creen que hay más fincas con desperdicios ocultos pero han quedado fuera de la instrucción judicial porque no ha habido testigos ni pruebas. De hecho, en las inspecciones oculares realizadas por las fuerzas de seguridad se encontraron en algunos terrenos residuos urbanos en superficie aunque, a priori, no se hallaron depósitos enterrados.
Denuncia inicial
La investigación judicial por estos hechos se inició a raíz de la denuncia de un grupo de vecinos de La Murada, una pedanía de Orihuela que linda con la vecina región de Murcia a través del municipio de Abanilla. Ambas localidades comparten un vertedero de residuos urbanos que estaba gestionado por la mercantil Proambiente, propiedad de la familia Fenoll. Precisamente en las inmediaciones de esa planta de desechos es donde se han localizado las fincas con residuos.
Las alarmas saltaron cuando los residentes de La Murada empezaron a detectar pequeñas charcas con un líquido oscuro y olor nauseabundo. Eran lixiviados, el líquido que procede de la descomposición de la basura. Una basura que había sido enterrada sin control y que ahora ha contaminando el perímetro.
El Ayuntamiento de Orihuela interpuso en julio 2012 la denuncia que motivó el inicio de la instrucción judicial que ha destapado todo un entramado de actuaciones delictivas que han acabado provocando uno de los casos de contaminación ambiental más graves de la provincia de Alicante.
El grupo vecinal fue el germen de una plataforma, Vertivega, que consiguió liderar una potente movilización social que desde entonces ha denunciado de forma incansable las tropelías detectadas en fincas de La Murada y Abanilla, consiguiendo incluso que sus denuncias llegaran al corazón de la Unión Europea. Su empeño ha sido vital para dirigir hasta el banquillo de los acusados a los supuestos responsables de estos hechos. Pero su lucha no ha acabado todavía. Ahora, por ejemplo, siguen alertando de que los árboles que se plantaron sobre algunas de las fincas repletas de basura, siguen produciendo cítricos que podrían estar circulando en el mercado. Lo que saben es lo que ven, y es que en época de recolecta los limones se recogen.
Vertivega no ha recibido ningún tipo de subvención pública para su labor y ha financiado la batalla política contra los presuntos empresarios corruptos con aportaciones económicas de los propios vecinos. Casi todo el dinero recogido se ha destinado para financiar su personación en la causa como acusación popular y pagar a los procuradores. El abogado que cogió las riendas del caso, Luis Miguel Cartagena, ha trabajado más por convicción personal que por los escasos honorarios recibidos.
Ahora sólo esperan que el juicio y la sentencia llegue lo antes posible para que comiencen las labores de regeneración de un terreno que dudan si algún día volverá a ser el de antes.
