La Generalitat Valenciana ha determinado que la «actividad delictiva» por el enterramiento ilegal de basuras «ha provocado un evidente daño medioambiental que requerirá que el terreno se someta a un complejo proceso de restauración» que precisará de diferentes técnicas, según se detalla en su escrito de acusación. En concreto, explica que en algunas parcelas se podrá llevar a cabo un sellado de los vertidos cuyo coste aproximado ascendería a 30 euros por metro cuadrado, mientras que en otros habrá que retirar los residuos obligatoriamente. Para ese supuesto, habría que «remodelar los taludes generados y rellenar los huecos con material inerte, restaurando además la cubierta vegetal», cuyo coste ascendería a 30 euros por tonelada respecto a la eliminación y otros 12 euros por el transporte. No obstante considera que las cantidades concretas no se podrán determinar hasta que finalice todo el proceso de restauración».
Todo ello porque se ha probado que «el sucesivo vertido de residuos ha provocado una gran afección sobre el territorio... con un alto riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, emisión de gases y fenómenos de autocombustión». m. a. r.
