Siete años de prisión por un delito contra el medio ambiente. Esa es la pena que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción para los dos cabecillas de la trama que supuestamente organizó el enterramiento de más de un millón de toneladas de basura sin tratar en fincas agrícolas de La Murada (Orihuela) y Abanilla (Murcia). Son los empresarios Ángel Fenoll y Francisco Poveda. El primero era el propietario del vertedero de Proambiente y está acusado de dirigir los trabajos para realizar los vertidos con el objetivo de maximizar sus beneficios. El segundo es dueño de algunas de las fincas a las que fueron a parar buena parte de los desechos, con su presunta connivencia. La investigación judicial por estos hechos se desgajó del caso Brugal y se ha alargado casi cinco años. El juzgado de instrucción 3 de Orihuela ha decretado ahora la apertura de juicio y las defensas tienen diez días para recurrir el auto.
En el banquillo de los acusados se sentarán también otras cinco personas y responsables de cuatro mercantiles, todos ellos imputados por la misma causa, y como responsables de cooperar en la comisión de uno de los delitos más graves contra el medio ambiente registrados en la provincia. Son Antonio Ángel Fenoll Campillo, Ángel Javier Fenoll, Francisco Fenoll, José Vera López y Javier Bru, éste último exedil del PP en Albatera. El fiscal ha solicitado para todos ellos una pena de cinco años y un día de prisión, multa de cerca de 4.500 euros e inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con la recogida y tratamiento de residuos durante cuatro años. A las sociedades Proambiente SL; Agrícola Orihuela SL; SAT 974 Virgen del Camino, Ambiental Elements SL y Transformaciones Vera SL, el Ministerio Público les pide una multa de un año con una cuota diaria de 20 euros. También a los dos principales responsables de este entramado se les solicita una sanción económica de cerca de 10.800 euros e inhabilitación durante 4 años para realizar trabajos relacionados con la gestión de los residuos.
Retirada de residuos
La Fiscalía pide a la magistratura que los acusados y sus respectivas sociedades sean condenados igualmente a sufragar la retirada y traslado a un gestor autorizado de todos los residuos enterrados de forma irregular. Solicita que, de no hacerlo, lo ejecute de oficio la Conselleria de Medio Ambiente y se les giren después los gastos. No obstante, sorprende que se diga que no se sabe con exactitud cuánta basura hay enterrada porque no consta qué es lo que hay oculto bajo algunas de las fincas.
Los hechos que se juzgarán ocurrieron, según el fiscal, entre el año 2005 y 2011. Se ha detectado basura en al menos una decena de terrenos. Hay desechos urbanos y otros tipos de restos, incluso sanitarios. Los desperdicios se enterraron en parcelas privadas pero también en dominio público como la Rambla Salada. Todo ello ha desencadeno un foco de contaminación que ha generado lixiviados que se desparraman por el campo.
Afección
El fiscal estima que aunque los residuos enterrados «aisladamente no pueden calificarse de peligrosos, con independencia de la toxicidad intrínseca de los mismos, producen grave riesgo de contaminación de acuíferos, contaminación atmosférica por los gases que genera, riesgo para los cultivos y sustancias tóxicas que pueden afectar a la flora y fauna».
Precisamente toda esa contaminación y las molestias que han sufrido los vecinos con la actividad del vertedero fue el germen de la Asociación Vertivega, que durante años ha estado denunciando la situación y ahora están personados como acusación popular. Así, solicitan que se condene a los responsables a seis años de prisión y que se regenere el terreno afectado. También la Generalitat solicita penas de cinco años de cárcel, mientras que el Ayuntamiento de Orihuela ha fijado su petición de penas en 10 años y siete meses.
