La magistrada del juzgado de instrucción Número Tres de Orihuela, Rosa María Villegas, ha decretado la apertura de juicio oral por el caso de los enterramientos de basura ilegales y ha declarado competente para juzgar la causa a la Audiencia Provincial de Alicante. La jueza ha fijado una fianza en concepto de responsabilidad civil de 2,5 millones de euros a cargo de los acusados, siendo responsables civiles subsidiarios las mercantiles Proambiente SL, Agrícola Orihuela SL, SAT Virgen del Camino, Ambiental SL y Transformación Vera SL, que pertenecen a los empresarios que gestionaban el vertedero, a los que supuestamente ofrecieron sus fincas para ocultar la basura y quienes participaron en las labores para enterrarla.

La jueza considera que existen «indicios racionales de criminalidad contra las partes acusadas», y que constatan que Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll, coordinaron que los transportistas derivaran las basuras que iban destinadas a Proambiente a fincas próximas al vertedero sin autorización. Los vertidos, prosigue la magistrada, se hicieron con el consentimiento de Francisco Poveda y con la intervención de Javier Bru, que era administrador de la mercantil Ambiental Elements SL, empresa responsable del tratamiento de los residuos entregados por el centro de tratamiento del Baix Vinalopó. Con la colaboración del resto de familiares del dueño de Proambiente, los vertidos se echaban a las fincas y posterior mente se cubrían con tierra que se aplastaba con maquinaria, mantiene Villegas.

Aunque el volumen total de basura enterrada se desconoce, está probado que supera el millón de toneladas.