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La Audiencia archiva el caso de los móviles al no ver un perjuicio "grave" para las cuentas

La sala estima el recurso del exconcejal Javier Montoro, el único que se disculpó públicamente, y respalda el sobreseimiento

08.09.2016 | 08:16
La Audiencia archiva el caso de los móviles al no ver un perjuicio "grave" para las cuentas

Archivado. No hay malversación de caudales públicos ni condenas. La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación del exedil del PP Javier Montoro y la exasesora de Alcaldía Juana López Carmona, en el que pedían el sobreseimiento del conocido «caso de los móviles», que investigaba el abuso en la utilización de terminales y líneas de móvil de propiedad municipal durante el anterior gobierno municipal. El recurso pedía anular el auto de procedimiento abreviado del Juzgado de Instrucción 5 de Torrevieja, que ponía a ambos investigados al borde del juicio oral. La sala entiende que la conducta de Montoro, edil de Obras y Servicios en el anterior mandato, y Juana López, asesora del primer edil en el mismo periodo, no es delito. Para que se hubiera considerado una posible malversación de caudales ambos deberían haber causado un «grave perjuicio para la causa pública y ello es lo que no queda acreditado que se haya producido en este caso», según los magistrados de la sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche. De las diligencias se desprende que ambos realizaron «una serie» de llamadas telefónicas de carácter privado, «durante un largo periodo de tiempo, que en relación con la facturación de teléfono del Ayuntamiento de Torrevieja resulta de escasa consideración, por lo que no se ha causado un grave perjuicio a la causa pública, ni de carácter económico o patrimonial, ni de carácter funcional». El juzgado de Torrevieja ya dio carpetazo en noviembre de 2015 a la investigación a los exconcejales Daniel Plaza, José Manuel Pizana Boj, el exasesor David Graham y el concejal del PP Eduardo Gil, por no hallar indicios de delito en su actuación.

El mismo fallo de la Audiencia Provincial subraya además que entre la conducta de los dos excargos que restaban en la investigación y la de para quienes ya se archivó el procedimiento «no existe, además, ninguna diferencia más allá de la cuantificación de las llamadas realizadas, que, como se ha visto, en ninguno de los casos supone un grave perjuicio» para las arcas municipales, según explica el tribunal presidido por el magistrado José de Madaria Ruvira.

La denuncia fue presentada ante el fiscal jefe de Alicante a principios de 2013, en su labor de oposición, por la concejal y abogada del PSOE, Fanny Serrano y estaba avalada por los socialistas, APTCe y Los Verdes. Fue la Fiscalía la que trasladó una denuncia al juzgado para que se investigaran los hechos. El mismo Ministerio Público que los denunció se sumó tras la instrucción a la petición de sobreseimiento sobre todos los investigados por falta de pruebas relevantes, lo que hace más que improbable que los denunciantes vayan a recurrir la resolución, por lo que el archivo será definitivo. En el caso de Montoro la factura de su terminal público reflejaban horas de llamadas privadas.

Escándalo
De los investigados, Montoro fue el único edil que se disculpó públicamente en rueda de prensa por este uso indebido del terminal, y ordenó la retención de su nómina para reintegrar el importe de las llamadas ajenas a sus funciones en el Ayuntamiento. La factura de López Carmona recogía, entre otras, llamadas de tarificación adicional a concursos de la televisión a altas horas de la madrugada.

El detonante de la polémica, y de la denuncia posterior, fue el uso que había realizado el entonces concejal de Deportes, Daniel Plaza a números de contactos con el móvil de propiedad municipal. Ello le obligó a renunciar al cargo tras semanas de acusaciones públicas de la oposición en los plenos –en especial, por parte del PSOE y APTCe–, y la presión de su propio Partido Popular, ante la dimensión nacional que alcanzó el escándalo. Era septiembre de 2012 y en alguno de esos plenos se llegaron a mostrar imágenes de las prostitutas cuyos números supuestamente figuraban en las facturas a las que tuvieron acceso los partidos políticos con el visto bueno del gobierno de ese momento, del PP, sin que éste tuviera constancia de su contenido. Al margen de la relevancia penal de los hechos, que el Juzgado descarta ahora, la oposición destacó la dimensión ética del comportamiento de los cargos públicos al cargar gastos generados por cuestiones personales a la hacienda municipal.

El actual gobierno de izquierdas renunció al uso de terminales públicos al iniciarse el mandato, además de tramitar un concurso para la adjudicación del servicio de telefonía, que se prestó durante décadas sin contrato. El caso del Ayuntamiento de Torrevieja también tuvo repercusión en el control de este tipo de gasto en otras administraciones locales.

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