El juicio de la Cruz de los Caídos será en noviembre de 2017

El proceso se inició por un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el exalcalde Javier Pérez. Se fundamentó básicamente en dos cuestiones. La primera que la Iglesia de San Martín Obispo ha alegado que la plaza en la que se emplaza el monumento es de su propiedad y que dispone de documentos que lo respaldan, aunque el Ayuntamiento defiende lo contrario. El segundo argumento es que defiende que esa Cruz es un monumento de recuerdo privado «que se ha convertido en símbolo de encuentro artístico religioso para la mayor parte de los vecinos del municipio, encuentro que en ningún caso se basa en anacronismos del pasado de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». El concejal Pérez dejó claro que no se opone a que se retire el nombre de José Antonio Primo de Rivera, pero en cuanto a la relación de nombres de callosinos grabados defiende que «no es más que una lista de vecinos del municipio que fallecieron en esa época y dicha enumeración por sí sola no supone una exaltación del franquismo a los efectos señalados por la Ley de Memoria Histórica».

Recurso

En relación a este proceso, Javier Pérez ha presentado recientemente un recurso de apelación contra la denegación de las medidas cautelares que solicitó para que el equipo de gobierno no retire la cruz, al menos hasta que haya sentencia. En ese sentido alega que lo que se pidió como medida cautelar no era suspender la convocatoria de pleno de 3 de marzo de 2016 mediante la que se acordó eliminar o trasladar el monolito, sino que se dejara sin efecto el acuerdo propiamente dicho. Así, expone que si se lleva a cabo el acto administrativo que ha impugnado -la retirada de la Cruz-, haría que el recurso interpuesto contra esa acción pierda su finalidad, y lo que se quiera hacer es evitar un hecho que produciría un grave perjuicio que quizá nunca podría ser reparado.