Parte del sector de la abogacía de Orihuela ha mostrado su malestar por el pliego de condiciones diseñado por el Ayuntamiento para licitar el contrato de la defensa jurídica y asesoría de la administración local. Entre los condicionantes se incluyen requisitos casi imposibles de cumplir por la mayoría de letrados del municipio, como por ejemplo acreditar que se han dirigido 50 procedimientos judiciales actuando en defensa de consistorios de poblaciones superiores a 85.000 habitantes.
El pliego de cláusulas administrativas recuerda que en el año 2015 se interpusieron contra el Ayuntamiento de Orihuela medio centenar de contenciosos administrativos y es ese mismo número el que se exige ahora como experiencia a los abogados que concurran a este concurso. En caso de que no puedan acreditarlo, se da la opción de justificar que se ha defendido en al menos 70 procesos similares a consistorios de menor población. De igual forma, se pide probar que como mínimo se ha defendido a Ayuntamientos, a su personal o autoridades o ejercitar acciones judiciales ante juzgados de lo Contencioso, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Audiencias Provinciales.
195.000 euros
La licitación de este contrato está valorado en 195.000 euros más IVA para un periodo de dos años más uno de prórroga. El presupuesto base de licitación anual es de 65.000 euros más 13.650 euros de IVA.
«El Ayuntamiento de Orihuela considera fundamental que su representación en juicio sea efectuada por uno o dos letrados que acumulen la suficiente experiencia para la correcta defensa de sus intereses. Por ello, con independencia de que a la licitación puedan concurrir sociedades o equipos jurídicos compuestos por distintos letrados, se requiere que se defina con claridad por el adjudicatario el nombre de uno o dos letrados que representarán al Ayuntamiento como directores de los procedimientos y a los que se les encargará directamente la participación en los mismos», establecen las bases. La fase de presentación de ofertas a este concurso ya está cerrada. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de agosto y el plazo terminó el día 26. Ese periodo también ha desatado críticas entre miembros de la abogacía oriolana al tratarse de unas fechas en la que la mayoría de letrados estan de vacaciones, porque sólo los juzgados de Instrucción están operativos en agosto, lo que ha dificultado todavía más enterarse de la oferta a tiempo. Por todo ello algunos profesionales están planteando quejas al Colegio de Abogados de Orihuela para que estudie la situación y, si se considera, se presente una queja.
