La Conselleria de Educación ha endurecido las condiciones para conceder las becas que permiten un servicio de transporte gratuito a los alumnos que se residan a tres kilómetros o más de sus centros educativos. La Federación de Padres Enric Valor explicó ayer que la resolución que ordena la concesión de esta prestación en toda la Comunidad Valenciana concreta este curso que el cálculo de la distancia de un itinerario seguro a pie se realizará exclusivamente con una aplicación integrada en el sistema de gestión Ítaca. El curso pasado, el Consell dejó autonomía para que fueran los propios centros y los ayuntamientos los que realizaran ese certificado, además con la recomendación verbal de los inspectores de que se velara por el interés de las familias en el sentido de intentar sacar adelante el mayor número de solicitudes.
Este cambio, desvelado ayer por el presidente de la Federación, Raúl Alós, y por el portavoz de las APA's de Torrevieja, Francisco Pacheco, implica, en el caso de esta ciudad, que se excluya de la beca hasta un 75% del alumnado que se beneficiaba de ella, según los primeros datos recabados por los padres. Solo en Torrevieja 1.000 alumnos utilizaron el pasado curso el transporte oficial. Los representantes de los padres no cuentan con datos de la incidencia de la aplicación de este criterio en el resto de municipios de la provincia, aunque indicaron que la configuración urbana de Torrevieja es la que hace que afecte especialmente a esta ciudad. Como ejemplo, el Instituto Mare Nostrum pasa de contar con cinco líneas de autobús a solo una con este cálculo. Los padres que han intentado conocer cómo realiza la medición Ítaca han obtenido la negativa de los centros.
Fletar una línea de autobús durante un curso completo puede costar a la administración autonómica más de 150.000 euros. El hecho de restringir el cálculo a una herramienta de la propia administración que debe conceder la ayuda y limitar el número de becados supone un recorte del gasto sustancial para la Generalitat.
A la denuncia de la «Enric Valor», se sumó horas después, la Federación de Padres Gabriel Miró. Ambas entidades, por separado, han solicitado una reunión con la Conselleria para tratar de modificar estos criterios antes de comience el curso. A la alerta de los padres se agregó la del Ayuntamiento torrevejense que ha pedido a la Generalitat poder acceder a la herramienta utilizada para medir la distancia, así como conocer los criterios que se deben seguir para hacer los cálculos «con el fin de poder trabajar en sintonía, garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades». Por su parte, la Conselleria de Educación asegura que no se ha modificado ningún requisito con respecto a la resolución del pasado año, e incluso se ha mejorado la cobertura del transporte.
La delegación de Torrevieja de la Fapa Gabriel Miró de Alicante, dijo ayer que «lamentablemente vuelve a tener razón» y ha solicitado por vía urgente entrevista con la directora Territorial Tudi Torró, con el fin de asegurar que ningún alumno de que el curso pasado tuviera concedido el transporte escolar oficial quede este año sin el; porque una cosa tenemos claro en Torrevieja «las casas no se desplazan habitualmente» y cómo se va a explicar que los certificados de distancia eran válidos el pasado año y éste no. Para esta entidad, la demora de los plazos en la publicación de la resolución, enviada el 27 de julio de 2016; la aceptación el pasado curso por parte de los directores de los centros de la responsabilidad la certificación de las distancias; junto a la implicación de parte de la administración local en facilitarlos «supuso un engaño para las familias».
Colegios en la periferia
Por su parte, el Ayuntamiento de Torrevieja recuerda en la misiva que ha enviado sobre este asunto la Generalitat para que tenga la excepcionalidad de las solicitudes del alumnado -aunque no lleguen ahora a los 3 kilómetros- la planificación que hizo en su día el PP de las construcciones escolares y la ubicación de los centros educativos: muy alejadas en su mayoría de los domicilios familiares de la población escolar -sobre todo en el caso de los IES- y a las vías de acceso a estos centros y que no reúnen las condiciones de seguridad para el tránsito a pie o en bicicleta. En muchos casos obliga a cruzar la N-332, la CV-905 o la CV-95, que carecen de aceras o los alumnos deben circular por una carretera para llegar al centro. A las que se añaden las dificultades que suponen la falta de red de pluviales y la oscuridad con la que se debe transitar por las mañanas por el horario de los centros de secundaria, lo que agrava la inseguridad en el acceso.
